Fue el 9 de noviembre. Amaia Egaña, militante socialista y jefa de recursos humanos de una empresa de transporte, decidió poner fin a su vida subiéndose a una silla y saltando desde el cuarto piso de su vivienda de Barakaldo. Iba a ser desahuciada. Éste sería uno de los primeros suicidios que encendieron la mecha de la indignación social contra los desalojos. Antes, existía la marea, formada fundamentalmente por los colectivos Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero ésta no devino en tsunami hasta que Egaña, y una semana antes un vecino de Granada, no puso fin a su existencia. Su martirio fue un símbolo que encendió la calle, obligo a los jueces decanos de España a levantar la voz contra los desahucios y a pedir reformas legales inmediatas, y el PP y el PSOE se pusieron a negociar un decreto-ley para paralizar durante dos años los desalojos.
La marea ciudadana, nacida del caldo de cultivo generado por el movimiento indignado, creció como la espuma tras el suicidio de Amaia y el inconsciente colectivo español asimiló que la Ley Hipotecaria, de 1909, es un atentado contra sus derechos más básicos. Las cajas y los bancos anunciaron pocos días después una moratoria de dos años en los desahucios, y PP y PSOE trataron de cocinar un decreto, que, por cierto, paraliza un bienio los desalojos, pero los intereses de demora siguen creciendo, por lo que la familia finalmente ha de hacer frente a una suma mucho mayor de la que les asfixiaba en un principio. El resto de partidos lo que reclama es una reforma de arriba abajo de la Ley Hipotecaria, un texto en el que la preponderancia procesal corresponde al banco, el encargado de iniciar el procedimiento hipotecario.
Los jueces decanos, reunidos en Barcelona a inicios de noviembre, emitieron un documento con sus conclusiones en las que, entre otras cosas, reclamaban que los jueces tuvieran más margen para valorar las circunstancias de la persona que va a ser desalojada: si está en paro o no, sus hijos, si tiene a su cargo personas dependientes, u otros factores que inciden en la incapacidad para afrontar el pago. Si el togado puede valorar la situación, tiene más elementos de juicio para retrasar el desahucio, paralizarlo o directamente imponer la dación del pago. Los magistrados se sienten como notarios que únicamente firman la sentencia de un proceso que da todo el poder a los bancos.
También hicieron propuestas interesantes que inciden, por ejemplo, el aumentar el valor de tasación de la vivienda cuando ésta sale a subasta, en concreto hasta el 80%, lo que supone una menor deuda para quien la habitó; la elaboración de las tasaciones por parte de profesionales independientes y la imposibilidad de suspender los pagos o imponer alquileres sociales, entre otras muchas.
El PSOE, recientemente, también ha presentado una propuesta para reformar la Ley Hipotecaria, reconociendo que ellos tampoco hicieron nada por arreglar la situación cuando gobernaban, pero el PP le dio carpetazo al tema.
Sea como fuere, el suicidio de Egaña fue el primero de varios, entre ellos el de María Victoria Mesa, la malagueña de la barriada de Los Corazones que se arrojó a mediados de diciembre al vacío por haber recibido una orden de embargo. Dos días después, Jordi G., un vecino de Ardales de 47 años y padre de dos hijos, se quitó la vida también agobiado por problemas económicos. La sociedad ha tomado conciencia del problema que suponen los desalojos. No en vano, el asunto ha sido portada de los más importantes medios nacionales e internacionales, aunque los bancos afirman que el problema no es de ellos, ni de su hipotética mala fe, ni de la ley en sí, sino de la crisis, que obliga a los impagos y éstos acaban en los desahucios. Un cambio en la ley incidiría en la prima de riesgo, según determinados expertos, aunque hay quien pide que, al menos en este punto, el Gobierno se sustraiga a la dictadura de los mercados y apruebe una norma que contemple la dación en pago. Al menos, así se evitarán que algunas vidas queden encadenadas de por vida a una deuda de la que ellas no fueron las únicas responsables. Ya han sido desahuciadas 150.000 personas desde el inicio de la crisis.
