Las constructoras claman por la morosidad pública

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) cifró ayer la deuda de las administraciones públicas con las constructoras e ingenierías de la región en 505,5 millones de euros por obras finalizadas pero que no se han abonado. La morosidad pública mantiene en jaque a un sector acuciado además por la caída del negocio inmobiliario y la falta de financiación, lo que ha motivado en los últimos meses la entrada en concurso de acreedores de algunas firmas significativas.

El presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, apuntó que entre las administraciones más morosas destacan la Consejería de Fomento y Vivienda, que adeuda 262 millones de euros a constructoras e ingenierías, y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con una deuda de 107 millones. En siguiente lugar se sitúan los ayuntamientos, que deben a las empresas del sector 48 millones.

Aunque de momento no hay cifras provinciales del informe, fuentes de Ceacop recordaron que Málaga, Sevilla y en menos medida Granada, son las provincias que concentran la mayoría de las licitaciones públicas andaluzas. Como dato orientativo cabe señalar que la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) -que no pertenece a Ceacop- cifra en 165 millones de euros la deuda pendiente de la Junta y algunos ayuntamientos con estas empresas. Esta deuda, que según la ACP amenaza con dar la puntilla al sector en este 2013, procede en su inmensa mayoría de pagos de la Junta que, por no contar con la debida asignación presupuestaria o por no haber sido todavía facturadas, se quedaron en un limbo jurídico que les impidió entrar en el Plan de Pago de Proveedores.

A pesar de que el Gobierno andaluz ha adelantado algunos pagos, la deuda sigue in crescendo debido a los impagos en el plan OLA de arreglo de colegios, donde ya se deben 40 millones en la provincia, y por cantidades que se adeudan por promociones de VPO.

Volviendo al informe de Ceacop presentado ayer, los constructores señalan que ni el plan de pagos a proveedores de 2012 ni el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) han servido para poner fin a la morosidad pública. Figueroa indicó que ambas iniciativas han sido una «oportunidad perdida» por parte de la Junta, «que ha dejado pasar esta ocasión con unas consecuencias fatales en el sector».

«Seguimos pensando que es una barbaridad que la Administración no actúe para revitalizar el sector de la obra pública», apuntó el responsable de Ceacop.

Desde el inicio de la crisis, la pérdida de empleo se concentra en la obra pública. En la región, la caída de la ocupación en este sector es del 63,2%, lo que supone una pérdida de 300.000 puestos de trabajo. Esta cifra es especialmente preocupante en Andalucía, una comunidad con un 34,6% de paro. En el caso de Málaga, donde la construcción llegó a dar empleo a más de 100.000 personas, el número de ocupados se sitúa ahora en 30.000.

En lo referente a la destrucción de empresas, Ceacop apuntó que unas 30.000 firmas andaluzas han cesado su actividad. Figueroa aseguró que «si no se toman otras medidas por parte del Gobierno, a final de año no quedará viva ni una tercera parte del sector».

Ceacop teme que el nuevo plan de pagos a proveedores que ahora se pone en marcha «no resuelva del todo» este problema, puesto que «está dotado de un presupuesto mucho menor y no tiene en cuenta las facturas de 2012».

Fomento y Vivienda, la más morosa. Entre las administraciones más morosas, según Ceacop, destacan la Consejería de Fomento y Vivienda, que adeuda 262 millones de euros a constructoras e ingenierías, y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con una deuda de 107 millones. En siguiente lugar se sitúan los ayuntamientos, que deben a las empresas del sector la suma de 48 millones.