La situación en la barriada de Ardira, junto al barrio de la Luz, ha vuelto a enquistarse después de que la semana pasada, un grupo de vecinos, antiguos dirigentes de la asociación de vecinos del barrio, intentara ser socio y este colectivo no admitiera su ingreso.

Como ya denunciaron algunos de estos vecinos en La Opinión el pasado mes de noviembre, la asociación, que tiene su sede en un local municipal de la calle Alcalde José María Corona, ha dejado fuera a la mayoría del barrio, transformándose en una especie de club privado, algo que también sostiene el Ayuntamiento.

Enrique Pérez, uno de los vecinos a los que se les ha denegado el ser miembro, denuncia que «tienen como socios a los niños que están en un club de rol y a unos vecinos que llevamos muchos años y que han hecho la asociación no se nos permite entrar».

Enrique Pérez recalca que esta negativa a admitirles se produce después de una reunión entre todas las partes con el Ayuntamiento. «Era el ultimátum que les daba el concejal (Raúl Jiménez) pero han hecho caso omiso, se están riendo de Participación Ciudadana y del distrito», resume, al tiempo que pide al concejal de la Carretera de Cádiz que les retire el local municipal, «porque es una asociación de vecinos para el barrio, no un club de rol».

El concejal de la Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, explicó que hace algo más de un mes tuvo lugar una reunión en Participación Ciudadana con las partes enfrentadas -«una reunión más de mediación que política, aclara- en la que se concluyó que «con independencia de lo que los estatutos digan de que es la asamblea de socios la que decide la incorporación de nuevos socios, la admisión o el rechazo tendrá que tener una justificación dentro de la ley».

El concejal aclara que en esta reunión también asistieron abogados del área de Participación Ciudadana, «que a su vez hicieron consultas con abogados externos y nos decían que el que una asamblea cumpla con los estatutos no significa que sea acorde con la ley».

Por ese motivo, explica, se pidió a la asociación de vecinos que la decisión de no admisión se le comunicara por escrito a las personas que pedían el ingreso. Y de hecho, el distrito está ahora recopilando las respuestas para ver si las negativas están justificadas. «Aparentemente no hay justificación de por qué no son socios y no hay cosa más natural que ser socio de tu propio barrio», dice. Raúl Jiménez señala que, si no hay justificación, «ya veríamos si retiramos la cesión del edificio porque no se cumpliría con los requisitos de los edificios municipales, que es que los vecinos puedan realizar actividades sociales y convivir».

Por último, pide que todos los vecinos sean socios, «y si alguien no cumple con las normas de funcionamiento interno se le puede impedir la entrada durante un tiempo, algo que está reglado en los edificios municipales».

El secretario de la asociación de vecinos de Ardira, Juan Ávila, no ve el problema de la misma forma: «Como la asociación tiene derecho, en la asamblea se decidió que no se admitiría a quienes van en contra de los intereses de los socios».

Juan Ávila calcula que los socios han dado el visto bueno a cerca de la mitad de las solicitudes de admisión. En cuanto a los no admitidos, declara: «Esas personas fueron contra la asociación, amenazaron y entraron en la asociación y el problema aquí es que la asociación es soberana para decidir quién entra y quién no».

El responsable vecinal también añade que estas personas no han recibido ninguna justificación, algo que han consultado con la Junta de Andalucía, «que es la competente en el ámbito de las asociaciones y ha explicado que los motivos internos de la asociación son privados y no deben ser comunicados».

En relación con esto, entiende que su colectivo está cumpliendo la ley y por tanto lanza un mensaje al Ayuntamiento: «Si me quieren quitar el local cumpliendo las normas ya nos veremos en los tribunales, el juzgado va a decir que una de las potestades es aceptar o no a los socios».

El siguiente paso, después de examinar los documentos de la negativa de admisión, será el del Ayuntamiento. El problema ha partido en dos un barrio que en sus inicios tuvo a cada uno de los cuatro bloques de Ardira, con unas 300 familias, como miembros de la asociación, pagando 30 euros al mes.