La ACP califica la norma de "intervencionismo aberrante"

La aprobación del decreto para la función social de la vivienda, que la Junta quiere empezar a aplicar de manera inminente, ha hecho saltar las alarmas entre los constructores y promotores de la provincia, que consideran el paquete legislativo como una muestra de «intervencionismo aberrante» en el sector privado y en el mundo de la empresa y de los emprendedores.

Según explicó ayer a este periódico José Prado, responsable de la patronal, ACP, la normativa supone una injerencia «intolerable» en las reglas del juego y las garantías que rigen el sistema general de compraventa. «En una sociedad de libre mercado nadie puede forzar el manejo de una propiedad legítima», señaló.

Para Prado el decreto se presume «complejo» y «de muy difícil aplicación». En este sentido, adelantó que el sector estará pendiente de posibles contradicciones respecto a otras leyes del ordenamiento jurídico. «Tendremos que examinarlo, pero en principio podría entenderse como una coacción grave», resalta.

El responsable de la ACP recuerda que no existe ninguna ley que determine la utilización que se le tiene que dar a un producto o a una propiedad privada. Además, considera que el concepto de vivienda deshabitada se limita a los pisos que no han sido vendidos y están «en el almacén»; el llamado stock, que en Andalucía asciende a cerca de 100.000 casas. «No entiendo por qué cada vez que se quiere favorecer el alquiler social en lugar de dirigirse a nosotros y a los bancos, que somos los más interesados en que los pisos se habiten y se alquilen, se piensa en las sanciones», detalló.

Los promotores, como señaló ayer Fadeco, la patronal a nivel andaluz, no descartan acudir a los tribunales para evitar la aplicación de la ley. El gremio considera que la medida está hecha, especialmente en lo que respecta a las multas, con un ánimo eminentemente recaudatorio. «¿Qué van a hacer? ¿Sancionar a todos los que tienen apartamentos o chalés en la Costa del Sol?», razonó Prado.

Quienes también tienen dudas sobre el alcance del decreto, aunque desde una perspectiva radicalmente distinta, son los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La abogada Sara Vázquez, a la espera de analizar detenidamente la medida y sus fórmulas de aplicación, mostró ayer sus dudas acerca de que la Junta tenga competencia legal para impedir que se consumen los desalojos. «Nosotros llevábamos meses pidiéndoles que aprueben el decreto de emergencia habitacional que sí permite que se pueda permanecer temporalmente en la casa», resalta.