'Un daño irreversible para andalucía', por José Prado

Nos encontramos una vez más ante el ejercicio de la democracia por decreto en una nueva suerte de despotismo ilustrado en el que las normas se dictan para el bien del ciudadano pero sin contar con los ciudadanos. Lo deseable, lo más democrático y sobre todo lo más transparente, ahora que está tan de moda esa palabra, habría sido tramitar la recientísima aprobación del Decreto Ley de medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda como proyecto de ley en el Parlamento, de tal forma que todos los políticos y ciudadanos hubiéramos podido conocer el contenido de la norma y emplear los medios legítimos para que se haga oír fundamentalmente la voz de aquellos que se van a ver directamente afectados por la medida. Lamentablemente esto no ha ocurrido así.

Al amparo del inmenso drama humano que suponen los desahucios, asistimos a una alocada carrera populista de nuestros gobernantes andaluces por demostrar su compromiso con las políticas sociales, aunque en el intento se lleven por delante los derechos de otros y la ya maltrecha imagen de nuestra tierra.

Se podrá analizar si la Junta de Andalucía está legislando sobre sus competencias, a lo que parece hay que responder que no, puesto que la regulación sobre el derecho a la propiedad es Estatal; sobre si la determinación de que se ha de entender por viviendas deshabitadas susceptibles de ser sancionadas y sobre si dicha posibilidad puede llevarse a efecto, a lo que parece que también hay que responder con otro no -anteriores intentos fallidos así lo avalan- o el por qué si la administración se decide a intervenir en el mercado inmobiliario, no empieza con las viviendas construidas por entes públicos propios como EPSA, que las tiene y por miles.

Pero lo que ya no tendrá solución será el daño que con estas modificaciones legislativas con carácter intervencionista, se ocasiona a la imagen de seguridad jurídica entre los empresarios nacionales, y mucho más grave en los mercados internacionales. El valor de Andalucía desde el punto de vista de la seguridad jurídica se está viendo gravemente afectado por decisiones del poder político andaluz que responden más a la búsqueda de constantes y oportunos titulares de prensa que al fruto de una verdadera política destinada a lograr reactivar la actividad y cortar la sangría del desempleo.

*José Prado es presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga