El Gobierno andaluz renuncia al plan de rehabilitación de los arrabales de Málaga

La Junta de Andalucía renuncia al plan de las tecnocasas que acordó con el Ayuntamiento de Málaga en 2005 para abordar el programa de rehabilitación de los arrabales del casco urbano. La Consejería de Fomento comunicó ayer esta decisión al Consistorio ante la «imposibilidad» de su cumplimiento. No obstante, pidió renegociar la liquidación ya que a juicio de la Consejería, el Consistorio debería de aportar de forma subsidiaria parte de esas expropiaciones.

Así lo anunció ayer el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García, tras reunirse con el responsable municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, para abordar el programa de rehabilitación de los arrabales del casco urbano. Ambos reconocieron que las posiciones están «muy encontradas».

Maldonado calificó la denuncia del convenio de «error y sin justificación». «Nos mostramos claramente en contra porque es un convenio entre dos partes que contó con todos los beneplácitos y que afecta a terceros», declaró a Europa Press, añadiendo que» no parece lógico que ahora por el hecho de que sean otros los que tienen la responsabilidad en la Consejería -en referencia a IU- se decida romper con lo que existía de manera unilateral».

García, que reconoció que la denuncia de un convenio puede terminar en la vía judicial, justificó la posición de la Junta -beneficiaria de las expropiaciones, aunque el ejecutor de las mismas es el Ayuntamiento- aludiendo a que existe «una imposibilidad económica», ya que, según dijo, se ha abonado por las fincas «unos 700 u 800 euros por metro cuadrado», lo que se traduce en que «no podamos construir viviendas de protección». Además, las modificaciones llevadas a cabo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que afectan a las parcelas «hacen inviable su cumplimiento», según el delegado territorial de Fomento y Vivienda.

No obstante, habrá reuniones técnicas para «ver si es posible llegar a algún tipo de encuentro» en lo relativo a las personas que están pendientes del cobro de las expropiaciones, aunque el punto de partida es «distante», apuntó García.

Según el Ayuntamiento, están pendientes de abonar 7,2 millones de euros, una cantidad que la Junta no está dispuesta a asumir en solitario porque «el objetivo es obtener suelo residencial para rehabilitar o hacer viviendas de protección y las pastillas que quedan no permiten eso debido a las modificaciones del PGOU».

Por ello, aunque no concretó cifras, García defendió que el Ayuntamiento de forma subsidiaria se haga cargo de más de la mitad de esos 7,2 millones de euros, al igual que en lo que se refiere a lo ya abonado -unos ocho millones-; sobre todo, afirmó, porque «hay parcelas que estarían pagadas indebidamente, ya que el suelo no sirve para vivienda de protección».