El PP aprueba la reforma hipotecaria sin el apoyo de la oposición y los afectados

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos del PP la Ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que incluye medidas contra los desahucios, entre duras críticas de la oposición, que acusó a los populares de dar la espalda a la calle. El objeto fundamental de la nueva ley es la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.

La medida, con carácter excepcional y temporal, según el texto, afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto-ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.

El texto legal corresponde con el último borrador elaborado por el PP e incluye una enmienda de UPN relativa al fondo social para alquiler. La nueva enmienda estipula que en un plazo de 6 meses se evaluará ampliar el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad que pueden beneficiarse del fondo social de vivienda de la banca, que cuenta con casi 6.000 viviendas.

En pleno aluvión del críticas, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, recordó que el proyecto de ley sí incluye la dación en pago pero sólo como último recurso, porque el objetivo primordial ha de ser «clarísimamente que las familias con dificultades para pagar puedan mantener su techo». «En último caso aceptamos la dación en pago siempre y cuando se le pueda ofrecer a la vez un alquiler social. No entendemos que la dación en pago sea la solución para las personas que no puedan pagar y no tengan otra vivienda, eso es un drama», dijo antes de subrayar que con las medidas aprobadas «se concilia el objetivo de proteger a las personas con dificultades sin dañar al mercado hipotecario».

Por su parte, los grupos de la oposición criticaron tanto el procedimiento «absolutista» del PP como que se haya laminado la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago, que llegó al Congreso con casi un millón y medio de firmas. Y todo para aprobar una norma que, a su juicio, no da respuesta al problema real de los desahucios y sólo sirve para proteger al sector financiero. Tanto es así, que las entidades promotoras de la ILP decidieron retirarla con el fin de «poner en evidencia que el texto del PP supone el rechazo frontal a esta proposición, y que en su nombre no puede tramitarse la misma». La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, criticó al PP por «desperdiciar la oportunidad de oro que la ciudadanía le ha puesto en bandeja» con la ILP de dación en pago.

La portavoz de vivienda del PSOE, Leire Iglesias, señaló que la nueva ley supone un «cierre en falso» del problema de los desahucios y «finiquita» la esperanza de los ciudadanos en la ILP sobre dación en pago y que la nueva legislación es «tremendamente desequilibrada». Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, acusó al PP de «volver a dar la espalda» y «hacer oídos sordos» a las propuestas de los grupos, algunas «tremendamente encajables en sus propias condiciones», porque «hacen leyes al servicio de los poderosos».

La diputada de CiU Lourdes Ciuró señaló que la nueva ley solo recoge las enmiendas del PP, excepto en cuestiones «puntuales y anecdóticas», y no refleja la pluralidad de la Cámara.