Málaga pide en bloque un paso adelante para levantar el empleo

Se ha convertido en la gran pregunta de la provincia. Por encima de cualquier otra duda, incluidas las milenarias y las filosóficas. Con el mercado devastado y el discurso gubernamental cada vez más afeado por el pesimismo, Málaga sigue buscando fórmulas para activar el empleo. En cierta medida es como si no hubiera pasado el tiempo. La crisis continúa en su punto cero, pero la paciencia empieza a agotarse. Se exigen medidas rotundas, un paso definitivo hacia adelante que va más allá de los planteamientos a largo plazo y la obsesión por el déficit que acompaña a Rajoy desde su investidura.

La cifra de 6,2 millones de parados, más del doble de la primera huelga general contra Felipe González, en aquella otra España que se presumía caótica, ha puesto en guardia a todos los agentes sociales. A diferencia de hace menos de un lustro, las posiciones ya no se dividen entre los que defienden la reforma laboral y el paquete de medidas de austeridad y los que apuestan por una vía alternativa. Las últimas palabras de Rajoy, en las que reconocía la incapacidad de la economía para generar puestos de trabajo en esta legislatura, no han sentado bien ni a la patronal ni a los sindicatos. Justo en el momento en el que Madrid pide paciencia las asociaciones de Málaga reclaman medidas concretas e inminentes. Y lo que es poco habitual, en muchos puntos coinciden. Al Gobierno que se vanagloria de ser el más reformista de las últimas décadas se le exigen cuentas pendientes en materia de empleo. Muchas de ellas anunciadas en las líneas menos transitadas de su programa como las ayudas a los emprendedores o los incentivos para la contratación, pero también más contundencia frente a la banca y Europa, especialmente en lo que respecta al grifo del crédito y los límites de la inversión pública.

De los diez portavoces consultados por este periódico -que incluyen a políticos, sindicalistas, empresarios y expertos- más de la mitad se decantan por buscar el Pacto de Estado que tanto se comenta en estos días. Incluso el acalde de Málaga, Francisco de la Torre, menos propenso, como es lógico, a señalar a Rajoy un camino alternativo, defiende la necesidad de que Europa «flexibilice» las exigencias del déficit para evitar la dureza de los ajustes. La provincia pide al Gobierno que se suelte la melena y vuelva al lenguaje prohibido de la inversión pública, aunque para eso se requiera convencer a Merkel.

Con el ladrillo atascado y el turismo repleto de nuevos competidores, Juan Carlos Álvarez, director de la cátedra de Empleo de la Universidad de Málaga, no ve otra salida que volver a endeudarse y gastar juiciosamente en reactivar el consumo. No obstante, es consciente de la dificultad. Sobre todo, por los grilletes ajustados desde Bruselas y la política económica de Rajoy, que considera «errática» y «poco convincente». «Da la impresión de que no tienen muy claras las cosas. Europa les corrige constantemente. Es indispensable que se luche políticamente en Europa para que se abra la veda de la inversión», sostiene.

La circulación del dinero, abortada en los últimos meses por la caída del consumo y la angostura de los bancos, es el principal requisito para reconciliar al sistema con los trabajadores y volver a generar empleo. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), insiste en que el crédito debe fluir, especialmente para reanimar a las pequeñas y medianas empresas y contribuir a la recuperación de la confianza. Una reivindicación en la que coincide con los sindicatos, quienes relacionan el bloqueo con el dinero invertido por el Gobierno para reflotar a los bancos. Para Antonio Herrera, secretario provincial de CCOO, después de la liquidez inyectada por la administración y la asunción de la deuda de las entidades con problemas, que ha pasado a computar como deuda soberana, debería instaurarse «de manera inminente» una banca pública que suministrara a las pymes el dinero que necesitan. «Es mentira que no se pueda salir de esta situación. Lo que hace falta es voluntad política», señala.

La receta de la recuperación del crédito está incluida igualmente en el dietario anticrisis de UGT, que incluye en Málaga la estimulación pública del mercado de rehabilitación de viviendas para alentar a corto plazo el consumo. «Estamos en una provincia muy dependiente de los servicios; aquí se crea empleo y se destruye muy rápido», recuerda Manuel Ferrer, responsable del sindicato.

Los representantes de los trabajadores defienden también la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la economía sumergida como pasos ineludibles para superar la parálisis del mercado. Herrera y Ferrer recuerdan que el problema de España no es el gasto público, sino la falta de ingresos y la deuda heredada de los bancos y de muchas de las empresas del IBEX 35. Los sindicalistas inciden en que el dinero negro representa ya más de una cuarta parte del PIB de la provincia y que el 72 por ciento de la estafa recae, según Hacienda, en las principales firmas y fortunas.

Otra de las medidas urgentes que promueven las organizaciones, en este caso el CSI-F, es la reestructuración de la administración pública, una de las muchas iniciativas de Rajoy que continúa sin hacerse efectiva. Joaquín Pérez, responsable provincial de la organización, asegura que una reforma del organigrama institucional, especialmente sensible al exceso de cargos de confianza y la duplicidad de funciones por parte de las instituciones, supondría un ahorro de millones de euros. También pide restaurar el empleo público que se precisa para continuar con prestaciones de garantías.

El gran punto de encuentro del grueso de los análisis está en la política de incentivos a la contratación y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Felipe Romera, director general del PTA, propugna medidas que aceleren el desarrollo y pone como ejemplo la gran capacidad de generación de nuevas empresas que distingue a la tecnópolis. «Aquí surgen cada año más de un centenar. De ellas sobreviven unas pocas decenas, pero algunas son de rápido crecimiento, que son las que crean puestos de trabajo. Eso y la llegada de multinacionales interesadas en instalarse en España es algo que hay que favorecer», puntualiza.

Enrique Gil, presidente de la asociación de comerciantes, Fecoma, se muestra no obstante descreído con la labor del Gobierno. «Cada mes repiten lo de emprendedores y no se hace nada. Se prometieron 600.000 empleos y se han destruido mucho más. Todo son mensajes ambiguos», dice.

La oposición tampoco parece muy dispuesta a aplaudir al Gobierno. José Antonio Castro, coordinador provincial de IU, pide la dimisión de Rajoy y arremete contra los efectos de la reforma laboral, que, en su opinión, ha resultado aún más funesta que la aprobada por Zapatero. Su homólogo en el PSOE, Miguel Ángel Heredia, exige también la derogación de la norma y la activación de una línea de crédito para las pymes. Además, señala al Ayuntamiento y la Diputación por no dar prioridad a adoptar planes de impulso laboral.