06 de mayo de 2013
06.05.2013
Sociedad

Los ajustes amenazan la supervivencia de la Ley de Dependencia

Alrededor de mil auxiliares de ayuda a domicilio de Málaga podrían perder su trabajo con las nuevas medidas

06.05.2013 | 05:00
Un usuario de la Ley de Dependencia recibe ayuda por parte de un cuidador.

Uno de cada tres euros de los recortes del Plan Nacional de Reformas 2013 afectarán a dependientes. Los expertos relacionados con el sector aseguran que los ajustes presentados por el Gobierno ante Bruselas se han hecho con «nocturnidad, alevosía y mala idea». Afirman que, de ser cierto, supondrá un varapalo al sector, que quedará herido de muerte.

En pleno día festivo –el 1 de mayo­– el Gobierno colgó en su página web el plan, en el que se recoge un recorte de 1.108 millones: 958 millones con reformas restrictivas y otros 150 con una «simplificación en el proceso de valoraciones», es decir, rebajas en los pagos.

Los especialistas, que aún se agarran a un clavo ardiendo, creen que el plan podría estar incurriendo en un engaño a la Unión Europea, ya que en dos partes distintas del mismo plan se dan dos cifras distintas: 823 millones y 628. ¿Qué ocurre? «O es una errata o están haciendo juegos malabares», asegura el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que asegura desear que estén mintiendo a Bruselas e incluyendo en parte del plan de recortes muchos de los que se llevaron a cabo en el «demoledor» real decreto de julio, que no dejó muy bien parado al sector.
Pero el miedo es evidente. Los expertos, partidos, sindicatos y asociaciones alertan de que de ser cierto la Ley de Autonomía personal de la Dependencia se está desangrando. El problema es de incomunicación, puesto que al haberse hecho público en una página web y sin anuncio oficial se hace difícil saber que ocurrirá.

Ramírez asegura que si las peores previsiones se cumplen, «habrá una demolición del sistema por inanición». Y es que, según asegura, las cifras son evidentes: Desde julio de 2012 a fecha de hoy se ha atendido a 24.115 beneficiarios menos en toda España, no se mantiene la tasa de reposición, y la lista de espera en vez de ocuparse sigue. «Hay 225.000 personas, en Andalucía 50.000», lamenta.

Tras haber analizado el plan, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerda que, de ser cierto el recorte, este afectaría directamente a 30.000 malagueños, 200.000 andaluces y 775.000 españoles.

El ahorro de 1.108 millones de euros en la partida de atención a la dependencia afectaría a una dotación de 1.087 millones, es decir, sería superior el recorte a lo presupuestado en 2013. Si las cifras fueran ciertas, esto supone bajar la intensidad de atenciones a los beneficiarios, dejar a 223.000 dependientes sin atención, el despido de 35.000 trabajadores y dejar de recaudar 400 millones de euros en retornos económicos como el IVA, el IRPF o la Seguridad Social. En Málaga, la cifra sería de alrededor de mil despidos de auxiliares de ayuda a domicilio, un tercio de las personas empleadas en cuidar a dependientes en la provincia.

El plan de reformas se estructura en tres partes en lo que concierne a dependencia. El primero de ellos es el que tiene que ver con el copago que se aumenta a todas las personas que reciben un servicio o prestación en un 50%. Aunque el Gobierno habla de un aumento del 5%, lo cierto es que es del 50%, porque deberían pagar del 10% al 15%, es decir, que el aumento del copago sería de la mitad, no de una pequeña parte. «Lo ha explicado de manera perversa», subraya.

Menos calidad

La segunda de las medidas tiene que ver con la intensidad y las incompatibilidades. Por un lado, no permitirán que quien tiene varios servicios los mantenga, sino que deberá elegir uno, como por ejemplo centro de día o ayuda a domicilio. En cuanto a la bajada de intensidad, esta también se refiere a despidos. Ramírez pone como ejemplo que mientras un dependiente de grado tres tenía 90 horas mensuales de ayuda a domicilio, ahora tendrá 60. Los del grado dos pasarán de tener 60 a 45 y los de grado uno están paralizados hasta 2015. «En consecuencia se van a dar menos horas de atención, el usuario va a tener menos calidad asistencial y el empleado va a tener un 36% de horas menos, es decir, una de cada tres auxiliares se van a ir a la calle».

Además, alerta: se podría desincentivar al cuidador. Afirma que puede darse el caso de pegar otro «hachazo» a la prestación del cuidador, en su mayoría mujeres que cuidan a sus mayores y a sus hijos.
El tercero de los decretos es el que tiene que ver con la regulación del nivel mínimo garantizado. La Ley de la Dependencia se financiaba por dos vías: el dinero acordado con las CCAA, que ya desapreció, y el mínimo, que al principio era del 50%, en 2009 bajó al 42% y en 2012 cayó al 21%. Hasta el 100% es la aportación de la comunidad, es decir, disminuir esta partida supone poner en un brete a la región. «Abandona a las comunidades autónomas desde la más pura deslealtad. Es la única financiación que queda, supondría un cierre».

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, señaló nada más conocer la noticia: «si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tiene futuro».

El decreto contra la exclusión de la Junta, «un paso de gigante»

El plan contra la exclusión social de la Junta de Andalucía aprobado el martes en el Consejo de Gobierno y desgranado esta misma semana por provincias es, a juicio del presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, «un paso de gigante». A juicio de este experto, la medida es magnífica ya que el Gobierno andaluz ha reservado una partida de 20 millones para generar empleo de ayuda a domicilio. Para Ramírez, el paso es importante porque por primera vez ha vinculado el sistema de Dependencia a la generación de puestos de trabajo.

«Si entra en la cabeza de Griñán que este sector crea empleo, estamos de enhorabuena», asegura, ya que recuerda que por cada millón de euros se generan treinta puestos estables. «El éxito de estas medidas son los desahucios y la vinculación por fin del gasto social. Parece que ha cambiado el paradigma, vincularlo al empleo es importante, no como las del Gobierno, crueles y antieconómicas», arguye.

@MarinaFernandz

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