El TSJA recuerda a los jueces que han de parar los desahucios con riesgo de exclusión

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, explicó ayer que tiene la intención de trasladar a todos los jueces andaluces la obligación de paralizar durante dos años los desalojos por impago de hipotecas en los que haya familias en riesgo de exclusión social una vez que el miércoles entró en vigor la nueva Ley estatal de protección del deudor hipotecario que, por cierto, no ha tenido en cuenta ni una sola propuesta de las plataformas de afectados por este problema que se ha cobrado la vida, en forma de suicidio, de una decena larga de personas en los últimos meses.

En Málaga hay actualmente en marcha 2.200 procedimientos de ejecución hipotecaria. Ya se produjo una Junta de Jueces de Primera Instancia en la que se acordó informar a los afectados por los procedimientos hipotecarios que se podían oponer a la demanda alegando la existencia de cláusulas abusivas, después de que el Tribunal de la Unión Europea dictase una resolución en tal sentido en el caso de un vecino de Barcelona. La novedad de ello es que el proceso está tasado y encorsetado legalmente, el juez tiene poco margen de maniobra y se convierte prácticamente en un notario del banco. Los más débiles tienen pocas posibilidades de oponerse a la acción de las entidades, pero ahora, alegando esas cláusulas, pueden evitar el desahucio -cuando la razón les asista, claro está-.

A preguntas de los periodistas durante la inauguración en Granada del Congreso Nacional sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias, Del Río explicó que con esta ley se abre también un plazo de un mes para que todos los procesos de ejecución se paralicen para su revisión por si hay cláusulas abusivas o impeditivas que exijan su retirada. Por ello, Del Río hace una «llamada de atención» a todos los jueces, notarios y demás personas que participen en este proceso para que estudien si dichas cláusulas pueden ser abusivas.

El presidente del TSJA indicó que, aunque los jueces han intentando que en este tipo de casos hubiera un «equilibrio» para que los intereses económicos no primaran siempre sobre el estado social de derecho, con esta nueva normativa cuentan con unas «facultades más amplias» para ello.

«Los jueces no han sido insensibles ante este problema y han tenido que ser jurídicamente imaginativos hasta la entrada en vigor de esta normativa», señaló Del Río, quien se congratuló de que ahora puedan contar con «un mayor apoyo legal», frente a las anteriores «lagunas legislativas».

Tras mostrar su deseo de que se profundice en la aplicación de esta nueva normativa para beneficiar a los colectivos afectados, el presidente del TSJA afirmó que este «drama social» afecta a muchas personas «de carne y hueso».