El último tramo del metro de Málaga ante su futuro
El presidente de la Junta y el alcalde de Málaga celebran hoy en Sevilla una reunión clave sobre el metro - De la Torre acude con el compromiso de todos los socios de la concesionaria de que no pedirán compensaciones económicas por retrasos

El trazado del metro ya va en superficie por el campus. / ARCINIEGA
MIGUEL FERRARY
La viabilidad y rentabilidad económicas del metro se decidirán hoy en apenas una hora, que es el tiempo que durará la reunión que mantendrán en Sevilla el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Sobre la mesa está el diseño del último tramo del metro (Guadalmedina-Malagueta), que la Consejería de Fomento propone que discurra en superficie por la Alameda y el Parque. El Ayuntamiento se opone frontalmente a esta opción y defiende el proyecto original, que contemplaba el paso bajo tierra.
La reunión con Griñán es la única opción política que le queda al alcalde para presionar a la Consejería. De fracasar, sólo los tribunales podrían dirimir si el Ayuntamiento tiene competencias para paralizar la obra.
De la Torre sabe la importancia de este movimiento, por el que lleva meses pidiendo. José Antonio Griñán se encuentra en una situación incómoda. Renunciar a la opción soterrada supone poner en evidencia la gestión del PSOE con el metro, que hasta las elecciones autonómicas apoyaba el trazado bajo tierra. Pero no hacer esto, creará un problema grave en la coalición de gobierno con IU. Pase lo que pase, el alcalde sabe que tiene las de ganar. Electoralmente le va a reportar muchos votos.
Eso no quita para que De la Torre acuda con los deberes hechos. Ayer anunció en su cuenta de Twitter que había hablado con Azvi, Comsa y Vera, tres de los socios de Metro Málaga, que se comprometieron a no pedir compensaciones económicas ante un posible retraso de las obras del metro, que debería estar en servicio para finales de 2015. A cambio, estarían dispuestos a aceptar una ampliación de la concesión para explotar el metro. Con este compromiso logra el apoyo a esta propuesta de todos los socios de Metro Málaga, después de que FCC, Sando y Cajamar se apuntaran a esta opción.
El acuerdo desarma uno de los argumentos de la Consejería de Fomento a favor de la opción en superficie, que era el miedo de que la concesionaria exigiera una compensación económica millonaria por los retrasos, como ocurrió en Sevilla y que está en vía judicial.
Griñán y el futuro
La reunión con Griñán puede ser clave en el futuro del último tramo. Hasta ahora, el presidente de la Junta se ha pronunciado públicamente en dos ocasiones sobre este tema. La primera vez fue en febrero, cuando aseguró que no había problema de dinero para acometer el proyecto soterrado, afirmación a la que se agarra De la Torre para forzar un compromiso. En la segunda ocasión fue más ambiguo, apostó por «el mejor proyecto para Málaga».
El fracaso de esta reunión, asegurado siempre que no se acepte la opción soterrada que defiende el alcalde, llevará a este proyecto a un terreno inestable. Los retrasos a partir de 2015 puede que no deriven en una indemnización a la concesionaria, pero sí en un sobrecoste de explotación importante, ya que moverá 8 millones menos de pasajeros de los previstos hasta La Malagueta.
Esa pérdida de pasajeros se traduce, en euros, en 10 millones al año que habrá que poner para
compensar la menor facturación y que no repercuta en el precio de los billetes del metro.
Dos modelos para 1,5 kilómetros de trazado
El último tramo del metro (Guadalmedina-Malagueta) está cuestionado por la falta de acuerdo en el modelo de su construcción. Los apenas 1,5 kilómetros de trazado pasan por dos vías claves, como son la Alameda y el Parque, donde además la obra tendrá un fuerte impacto en la ciudad. La Consejería de Fomento ha cambiado su criterio y opta por un modelo tranviario, saliendo del túnel en la avenida de Andalucía y recorriendo en superficie el trazado hasta La Malagueta. A cambio peatonalizaría la Alameda. Su presupuesto es bajo (41,5 millones) y su plazo de ejecución, corto (18 meses). La opción soterrada, que defiende el Ayuntamiento, obligaría a 45 meses de obras, si no hay retrasos y una inversión cercana a los 200 millones.
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