Todo apunta a que, al menos en esta ocasión, el banco ha dado la razón a sus clientes. Una moraleja que debe servir a los miles de afectados por las preferentes a mantener su lucha e intensificar sus reclamaciones. Tras una larga espera, por momentos impaciente, María Rosa Morales ha logrado que la entidad financiera donde su familia tenía depositados sus ahorros se comprometa a comprar las acciones preferentes que en su día le habían colocado, al considerar como expertos en finanzas a un matrimonio mayor en el que él está diagnosticado de demencia senil progresiva y degenerativa y ella no cuenta con la necesaria instrucción para saber la trascendencia económica de lo que firmaba.

Claro que para eso han sido necesarios más de 14 meses de idas y venidas, rodeos, promesas incumplidas, amenazas con ir a los tribunales y la publicación del caso en La Opinión de Málaga el pasado martes. María Rosa Morales explica que en la última reunión mantenida con el director de su sucursal del banco Popular se presta a dar solución al problema de la familia adquiriendo estas participaciones «cuando nosotros creamos más oportuno y pensemos que es más favorable». En todo caso, la devolución íntegra no será posible. André Granjeal y Josefa Morales habían invertido, sin saberlo, 113.000 euros en preferentes y si vendieran hoy sus acciones recibirían poco más de 88.000 euros. Pero están dispuestos, porque necesitan liquidez. El marido necesita ingresar en un centro especializado donde pueda ser atendido de su demencia. «Nos haremos a la idea de que han tenido el dinero guardado en un colchón y compensaremos esta pérdida con las ganancias recibidas por los intereses durante este tiempo», señala María Rosa, la hermana que encendió las luces de alarma cuando se dio cuenta de todos los documentos que tenía el matrimonio y del alcance de las operaciones que habían realizado sin conocimiento.

André y Josefa habían invertido en abril de 2008 103.000 euros, a los que unos meses más tarde se sumaron otros 10.0000. Los ahorros de toda una vida, ganados con mucho esfuerzo en Suiza, país de origen del marido, trabajando en la cadena de montaje de relojes Omega. Más de 40 años con el banco Popular debían ser garantía para no ser engañados, pensaba la mujer. Una confianza, sin embargo, que la familia considera traicionada tras haberles vendido estos productos tóxicos. «Una estafa», aseguraban. «Les ofrecieron una inversión sin riesgo y creían que podrían recuperar su dinero cuando quisieran en un plazo máximo de dos días. Les ofrecían una alta rentabilidad pero no les dijeron la verdad», denunciaba Rosa María Morales.

La información ofrecida por la persona de la entidad a sus clientes fue insuficiente y no advirtió con la necesaria claridad de los riesgos y de la complejidad que el producto tenía. En definitiva, el producto financiero no se ajustaba al perfil de los inversores. Pero el banco les hizo firmar un documento en el que les reconocía como expertos en finanzas. Hace poco más de un año comenzaron las reclamaciones al banco, y posteriormente al Banco de España, a la Junta y a la CNMV.

Por su parte, fuentes del banco Popular rehusaron hablar de casos de clientes concretos aunque señalaron que en su día, en marzo de 2012, la entidad ofreció la recompra y el canje de todas sus participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles. Al canje acudió el 98,33% de los tenedores de los 1.128.227.900 euros de participaciones preferentes, tanto de Banco Popular como de Banco Pastor, a los que iba dirigida. La recompra se llevó a cabo por el 100% del valor nominal de las participaciones preferentes y la emisión se realiza a la par, lo que supuso la emisión de un total de 11.093.758 bonos.

Esta familia, según explica Rosa María, se acogió en su día a esta operación, aunque asegura que nunca pudo deshacerse de sus participaciones preferentes ya que nunca lograba venderlas en el mercado secundario cuando podían hacerlo cada seis meses. De hecho, según Adicae los clientes «beneficiados» por este canje de preferentes por bonos convertibles en acciones perderán el 50% de sus ahorros. Denuncia que la entidad no informó convenientemente de que el límite del precio del canje sería de 1,5 euros por acción, cuando la cotización es del 0,65 euros.

La familia salió moderadamente satisfecha de la última reunión mantenida el jueves con la dirección del banco en Málaga y espera que cumpla su compromiso de quedarse con las acciones aunque les pierdan dinero. Ahora aguardan a que el precio esté lo más alto posible para recuperar su dinero.