La Junta de Andalucía envió ayer a Isofotón un nuevo requerimiento para que aclare varias cuestiones formales relativas al ERE que ha permitido el despido sin indemnización de 354 trabajadores de la compañía. En primer lugar, la Consejería de Empleo ha solicitado a Isofotón que explique por qué no adjuntó en la documentación del expediente la baremación que realizó a la plantilla y que determinó el listado de despedidos.
Isofotón señalaba en el ERE que los criterios aplicados para seleccionar quién era despedido y quién no fueron, entre otros, la formación general y específica que presentaba cada trabajador, la antigüedad que tenían en la empresa y las cargas familiares de cada persona.
La Junta quiere saber ahora qué puntuación sacó cada persona no con la intención de rectificar nada -los despidos ya han sido ejecutados- sino para revelar defectos formales en el ERE que bien podrían servirle a los extrabajadores en la batalla judicial que iniciarán ahora para que el juez declare sus despidos como improcedentes.
En todo caso, la empresa, que el pasado martes presentó el concurso voluntario de acreedores con una deuda reconocida de 184 millones de euros (más otros 100 de otras contingencias), ya apeló al artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores alegando falta de liquidez para dejar de abonar las indemnizaciones a los despedidos, que deberán remitirse al Fogasa.
El requerimiento, que ayer fue remitido tanto a la empresa como a los representantes de los trabajadores, también pide aclaraciones respecto a otros dos elementos: por un lado, el hecho de que no se facilitaran durante el periodo de negociaciones las cuentas consolidadas del Grupo Affirma y, por otro, precisar el número real de despidos, ya que la empresa ha hablado de 355, 354 y 352 en distintos momentos.
Ayer mismo, la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, Susana Díaz, insistió en Málaga en la «sensibilidad» del Gobierno autonómico con los trabajadores de Isofotón, y afirmó que la voluntad es «mantener el empleo al máximo». Así, recalcó que la Consejería «espera que se mantenga el empleo» y recordó que la Junta trabaja «para evitar la deslocalización de las empresas». No obstante, criticó la reforma laboral, una medida que a su juicio «la facilita».
«Lo estamos haciendo con los medios y competencias que tenemos a nuestro alcance y esperemos que tenga resultado», dijo.
Por otra parte, la cita de la Inspección de Trabajo con ambas partes, trabajadores y empresa, que iba a tener lugar hoy y donde se iban a exponer estas cuestiones, se ha pospuesto para mañana.
Además, la parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña anunció ayer que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha calificado favorablemente la petición del PP de crear una comisión de investigación en cuyo seno se investigue en qué condiciones y bajo qué criterios la Junta concedió las subvenciones.
«Unas ayudas que supuestamente tenían que destinarse sí o sí al mantenimiento de los puestos en Málaga y que, quién sabe cómo, han acabado en el despido de 354 trabajadores, a los que ni siquiera se les ha pagado indemnización», dijo Oña. El PP quiere que se aclare qué uso dio la empresa a las ayudas y en qué condiciones la Junta otorgó 29 millones en ayudas directas y fue avalista de otros 30 millones en los últimos años. Oña cree que la «irresponsabilidad» es de ambas partes.
