Puede verlo de dos formas: como un paso adelante en la lucha contra el cambio climático o como un impuestazo, otro, el enésimo, del Gobierno. Lo cierto es que desde el pasado 1 de junio todos los propietarios que quieran vender su casa o alquilarla por más de cuatro meses tendrán que enseñarles a compradores y arrendatarios el certificado energético, una etiqueta expedida por determinados profesionales que medirá el nivel de eficiencia de los inmuebles. Es decir, cuánto se gasta en luz, ventilación o calefacción y cuánto contribuye usted a hacer más grande el agujero de la capa de ozono. Ahora, eso sí, por ese aval deberá pagar una media de 200 euros, lo que supone un negocio inmediato de 20 millones de euros para los técnicos que expidan la etiqueta.

O un gasto de 20 millones de euros para los 100.000 propietarios que tienen previsto vender o alquiler sus pisos a lo largo del próximo año, cifra que sale de sumar las 20.000 viviendas que hay en stock, según la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP); los 7.000 inmuebles que tienen los bancos tras desahucios y lanzamientos hipotecarios, y las 65.000 casas que serán alquiladas en los próximos 12 meses, en una estimación del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), por cierto, 50.000 de ellos sin declarar.

Si el gasto medio por certificado oscila entre los 200 y los 250 euros -según la superficie, la dificultad de acceder a las instalaciones, etcétera...-, el desembolso total será de 20 millones de euros. Y ése será el impacto inmediato. A medida que pasen los años, la bolsa de beneficios aumentará para los arquitectos, los aparejadores, los ingenieros técnicos, los ingenieros técnicos industriales y otros profesionales habilitados por la ley, tras un curso, para certificar que una casa es eficiente y respetuosa con el medio.

El inmueble recibirá una etiqueta que va desde la letra A -la más eficiente- hasta la G -la menos-. A mayor eficiencia, el gasto energético será menor. Es decir, que, pese al desembolso medio previsto -que está por determinar, aunque cada técnico cobrará lo que quiera-, a la larga su factura de la luz se verá reducida en más de un 30% mensual precisamente porque tras el análisis, el técnico le entregará un informe en el que le hará algunas recomendaciones para que su inmueble sea respetuoso con el medio.

Todas las casas hechas después de 2007 tienen ya este certificado, por lo que la medida podría afectar a alguna de las 450.000 viviendas de la Costa del Sol construidas antes de ese ejercicio, siempre que sus dueños pretendan venderla o alquilarla. Si no dispone de esa etiqueta, el propietario podría hacer frente a toda una batería de sanciones cuya cuantía mínima es de 3.000 euros, según la ley.

Violeta Aragón, secretaria general de la ACP, señala: «Entendemos que haya que ir mejorando la eficiencia energética, pero el Código Técnico de la Construcción ya contempla exigencias en temas de mejora energética; y todas las viviendas nuevas cumplen la legislación. Con la licencia de primera ocupación ya se cumple la ley, otra cosa son las de segunda mano».

Alberto García Zafra, responsable de MLS Inmobiliarias, Alberto García Zafra, explica: «Lo que nos dicen los propietarios es que esto es un sacadinero, y no se ve una necesidad de hacerlo; y nosotros, como inmobiliarios, añadimos que en Málaga se ha construido con calidades altas y ahora encima añadimos el certificado energético para dejar claras las deficiencias de las casas, es como una etiqueta con la que se dirá: esta vivienda no es competitiva».

Lo bueno, para el también presidente de Atalaya Financiera, es que, al tener que registrarse el certificado, podrá crearse la primera base de datos sobre alquileres de Málaga, lo que propiciará una mejora en la lucha contra el fraude en los arrendamientos, con el consiguiente beneficio para el sector turístico.

«Será un gran ahorro»

«Esto no va a dinamizar el mercado; las inmobiliarias no sabemos si anunciarlo o no porque no conocemos si se ha hecho ya el registro; nadie sabe nada ni siquiera de las inspecciones», dice.

Antonio Serrano, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, cree que el certificado es importante «por un tema económico y otro ambiental, que nos debe preocupar a todos: de lo que se trata es de ahorrar en la factura energética porque ésta se modera tras la revisión, y al mismo tiempo se envía menos Co2 a la atmósfera».

Fernando Pastor, gerente del Colegio de Administradores de Fincas, asegura: «Es una buena medida, porque se actualizarán algunos edificios y se va a fomentar la rehabilitación, además de que es necesario reducir las emisiones de C02 atmósfera».

@saumartin