La ex primera teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos y el exedil José Jaén volverán a sentarse en el banquillo de los acusados por una pieza separada del caso Malaya. Esta vez a la televisiva exconcejala le acompañará su marido, y a Jaén su expareja, amén de otros cuatro empresarios. García Marcos y el exconcejal están acusados de crear una sociedad para asesorar a empresarios que estuviesen interesados en desarrollar diversos negocios en Marbella. Uno de ellos, por ejemplo, quería levantar centros de día y geriátricos en tres parcelas que no eran urbanísticamente idóneas para ello. En total, el fiscal pide tres años de prisión y sendas multas de 120.000 euros, amén de otras dos sanciones de 13.500 euros y ocho años de inhabilitación y dos de suspensión para los dos principales acusados.
En concreto, se les acusa de un delito de cohecho pasivo y de otro de asesoramiento indebido. El marido de García Marcos, Florencio B., se enfrenta, como la exmujer de Jaén, a una multa de 9.000 euros por asesoramiento indebido. Al empresario que quería desarrollar proyectos sanitarios en Marbella se le solicitan tres años de cárcel y 120.000 euros de multa; a otro de los industriales se le piden dos años y 120.000 euros; mientras que los dos últimos encausados se enfrentan a dos años y 97.000 euros de sanción por cohecho, y a seis meses de cárcel, respectivamente. Serán enjuiciados por el Tribunal del Jurado. Aún no hay fecha.
Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, García Marcos y Jaén fueron tenientes de alcalde desde 2003 a 2006 en Marbella. «Se concertaron entre sí con la idea de conseguir, prevaliéndose de la condición de autoridad municipal que ambos detentaban, unos rendimientos económicos de terceros», dice.
Su idea era ofrecerse a empresarios que se relacionasen con el Ayuntamiento de Marbella para asesorarles o mediar en sus proyectos, «gestionando sus necesidades de cara a la consecución de sus pretensiones ante la corporación, a cambio de la pertinente retribución económica». Dice la Fiscalía que «garantizaban a sus clientes con su servicio de consultoría el éxito del proyecto encomendado, dada su privilegiada posición en el ente municipal».
Redactaban escritos para el Ayuntamiento; recababan información sobre la clasificación urbanística de los terrenos y gestionaban los cambios, rescataban concesiones administrativas, elaboraban proyectos e incluso participaban en la venta de parcelas, algo incompatible con su cargo. Así, crearon la sociedad Icaria Málaga en la que sus cónyuges eran socios. Éstos conocían, siempre según la Fiscalía, la finalidad perseguida.
Ángel R. A., representante de Orpea, acudió a García Marcos y Jaén. Éste quería llevar a cabo la construcción de residencias geriátricas y centros de día para mayores. Éste, a su vez, usó como intermediario a Juan Miguel S. Y.
Así, Ángel R. A. quería construir en una parcela de Elviria un geriátrico, pero ésta necesitaba un cambio de uso, pues era residencial y debía pasar a socio-sanitario. Además, buscaba más edificabilidad para construir hasta 258 habitaciones. También lo asesoraron sobre la construcción de un centro de día, proyecto bloqueado, por cierto, y otro geriátrico en San Pedro. Las parcelas también necesitaban una modificación, y se interesó la participación de Marcos y Jaén, a cambio «de la contraprestación económica», para que intervinieran ante la corporación. Se estableció una provisión de fondos de 60.000 euros o 12.000 por proyecto presentado. Los dos ediles participaron, dice la acusación pública, en la concesión de licencias, lo que ocurrió el 15 de septiembre de 2003.
También asesoraron a Rafael Ll., propietario de Vansa, quien había instalado numerosos paneles informativos en las paradas de autobuses de Marbella, aunque en virtud de un contrato con Portillo, y sin autorización del Ayuntamiento. Icaria debía cobrar 16.000 euros por cada anualidad de vigencia. Éste además pidió, en noviembre de 2005, poder instalar desmontables conocidos como planímetros que llevan planos de Marbella y publicidad; Rodríguez le pidió 30.000 euros por ello, y luego le dijo que tendría que pagar el doble, a lo que el acusado se negó.
José Luis A. B. efectuó, por otro lado, y siempre según el escrito de la Fiscalía, supuestamente hasta cuatro pagos al edil de Tráfico, Victoriano Rodríguez, hoy fallecido, para que le permitiera instalar paneles publicitarios en la calle. En total, desde 2003 a 2006 abonó presuntamente hasta 83.235 euros en varias fases, para que evitase «la posible concurrencia de otros interesados».
@saumartin
