14 de junio de 2013
14.06.2013
Municipal

Dos policías locales que denunciaron acoso laboral son expedientadas

El expediente disciplinario ha sido instado por el propio concejal de Seguridad al estimar "ofensivas" contra él las declaraciones de una de las agentes

14.06.2013 | 05:00
El coordinador del Área de Seguridad, Juan Gómez Velasco, y el concejal Julio Andrade.

El Ayuntamiento de Málaga, a propuesta del concejal de Seguridad, Julio Andrade, ha ordenado abrir expediente disciplinario a las dos agentes de la Policía Local que denunciaron ante la policía ser víctimas de acoso laboral por parte del propio concejal y de sus jefes del Grupo de Información y Protección (GIP), donde trabajan, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Una de las agentes denunció haberse cortado en el dedo de una mano con una esquirla de cuchilla puesta a propósito en un cajón de su mesa y de ser intimidada con la colocación de decenas de octavillas sobre el caso aparecidas en las dependencias del GIP. A raíz de estos hechos se le ha abierto expediente disciplinario a un policía local.

La otra agente, Cristina Guerrero, declaró en la investigación reservada abierta sobre el asunto anterior sentirse perseguida y acosada política y sindicalmente por parte del intendente Martínez Vázquez y del concejal de Seguridad, Julio Andrade» que, según manifestó la agente en su declaración reservada, habría manifestado a varios mandos policías «a la roja hay que echarla del GIP».

El expediente se ha abierto a petición del concejal de la Policía Local, Julio Andrade, que en el escrito de solicitud señala que las manifestaciones vertidas sobre él y sobre un intendente del cuerpo suponen «una grave desconsideración» a un superior, ya que se entienden como expresiones «ofensivas al honor y dignidad de sus destinatarios, excesivas y desproporcionadas» y realizadas con una «clara intención de menospreciar y desacreditar». En el informe que sustenta la apertura del expediente disciplinario se añade que estas expresiones vertidas por escrito por una de las agentes «no pueden considerarse amparadas por la libertad de expresión» al tratarse a su entender de frases «ultrajantes y ofensivas». En el escrito de apertura del expediente se añade que «no se aprecia» que exista «acoso laboral o sindical», y que ninguna de las imputaciones realizadas «ha sido probada».

Por contra, una de las agentes, que se encuentra de baja por una crisis de tensión nerviosa producida por «las vejaciones, insultos y amenazas» que recibió por parte del inspector jefe del GIP el pasado 5 de junio, insiste, en una nota interna enviada a la jefatura del cuerpo, en que lejos de «cesar el acoso» que dice sufrir ella y su hermana, «continúa dicho acoso a pesar de existir un procedimiento judicial abierto». La agente añade que tanto el concejal como el jefe de Personal, Carlos Gómez Cambronero, «están actuando para perjudicarnos, amparándose en su situación de superioridad» y consideró que el concejal «debe abstenerse de abrir un procedimiento disciplinario contra ellas ya que es parte del proceso al haber sido denunciado».

La consejería de Salud ha remitido al juzgado de guardia el parte de lesiones que recibió la policía tras ser atendida al considerar que dichas lesiones, fundamentalmente de tipo emocional, podrían ser consideradas como violencia laboral.

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