El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, Manuel García Peláez, ha confiado en llegar a un acuerdo en los dos meses que el Ayuntamiento de la capital tendría para recurrir a la vía judicial --hasta finales de septiembre aproximadamente, teniendo en cuenta que agosto es inhábil--, una vez que reciba el escrito de rechazo de su reclamación de suspensión del proceso de cobro de las tres liquidaciones por valor de 32,31 millones de euros correspondientes a la construcción del metro hasta 2012.

García Peláez ha precisado este lunes a los periodistas que "si el Ayuntamiento no ha recibido el escrito de respuesta, lo recibirá dentro de pocos días", e irá en la línea de lo argumentado hasta ahora: "la interpretación que se hace por parte de la Consejería es que ese anticipo, que está establecido en el convenio del metro, le corresponde asumirlo al Ayuntamiento".

En este sentido, ha opinado que "también el propio Ayuntamiento tiene asumido eso, otra cosa es cómo procede", ya que esta cuestión "es de las más evidentes que hay en el convenio". "Se establece claramente", ha apostillado.

Como el Ayuntamiento de Málaga dispone de dos meses para acudir a los tribunales tras la negativa de la Consejería de Fomento y Vivienda, el delegado ha insistido en que "tenemos dos meses para poder negociar e intentar llegar a un acuerdo".

A falta de entregar una documentación que justificara la procedencia de la financiación, el departamento que dirige Elena Cortés estaría dispuesto a aceptar compensar con obras de movilidad sostenible 17,5 millones de euros de esos 32,31 millones que reclama al Ayuntamiento por la construcción del suburbano. Incluso, estaría abierto a que fuera el montante total.

No obstante, a esa cantidad hay que sumar otra factura de 37 millones de euros --31,31 millones por el rescate de tramos de obra y seis por reposición de infraestructuras--, cuyo pago es rechazado por el Consistorio malagueño. El problema en este punto es que la Consejería de Fomento ya dejó claro que el acuerdo "ha de ser global", en referencia a esos casi 70 millones.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya hizo hincapié en su momento en que la argumentación del Ayuntamiento para rechazar asumir las tres liquidaciones "es muy sólida jurídica y políticamente". Por ello, exigiendo el mismo trato que se dio a Sevilla, se mostró dispuesto, si ese cobro no es anulado, a recurrir a los tribunales para "defender los intereses de la ciudad".