Ana María Gómez, la mujer divorciada y con dos hijos menores a su cargo que se ha acogido al Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, ha asegurado sentirse "contenta y tranquila", al tiempo que ha manifestado que, en estos tres años en los que podrá continuar en su piso, "mi fe y mi esperanza es que mi vida cambie, tener trabajo y otra perspectiva de futuro".

Gómez, quien tiene a su cargo un hijo con cinco años y otro de 10, ha indicado este lunes que sus problemas comenzaron hace cinco años. "Mi marido se marchó y se desentendió completamente de todo, del tema de la manutención, de la hipoteca, etcétera, no quiso entrar en ningún diálogo y mi lucha ha sido sola, en los juzgados, intentando resolver la situación", ha explicado.

"Yo quise hacer frente al pago de mi piso porque mi hipoteca era muy bajita y pensé que podría asumirlo, pero con esta situación y tal y como está el trabajo, se me fue de las manos", ha señalado a Europa Press Gómez, quien ahora trabaja dos horas al día como dependienta en una tienda, por lo que gana 300 euros al mes.

Para poder subsistir recibe ayuda de sus familiares y de entidades como Cáritas: "voy luchando con la ayuda de mi familia porque sin ella cuando te ves en esta situación es imposible; todo es moverte y buscar soluciones".

La vivienda de Ana María, que se encuentra en la calle Camino Suárez, en Málaga capital, recibió una orden de desahucio, que estaba previsto para el pasado 13 de junio, pero que, según ha explicado, fue parado con la ayuda de su abogada.

La mujer ha afirmado que en el momento en que recibió la llamada de la Junta de Andalucía comunicándole la noticia sintió "mucha alegría y tranquilidad" porque "vivir con la angustia de que te echan de tu casa no es algo agradable".

"Gracias a Dios reúno todos los requisitos de este decreto; ahora voy a seguir con esta lucha en la que llevo desde hace cinco años, todo esto lo hago por mis hijos, porque ellos no tienen culpa de nada", ha aseverado Ana María.

Los otros beneficiarios de este decreto ley en la provincia de Málaga, cuyo domicilio se encuentra en la calle Ebro de Málaga, son los miembros de una familia numerosa de origen marroquí, con cuatro hijos y los dos progenitores en situación de desempleo.