El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, Paco Santos, denunció ayer que las autoridades municipales con competencias en el distrito de la Carretera de Cádiz tratan de echar de su local a la asociación de vecinos Ardira, un colectivo seriamente dividido en los últimos tiempos y con enfrentamientos en su seno.

Santos recalcó que el local en el que se encuentra la asociación de vecinos es de titularidad municipal y lo comparten con otro colectivo de jubilados. «Hace un año y medio, el concejal Raúl lópez llegó con la Policía Local y cerró el local y se llevó la llaves», dice. López es actualmente el responsable de la Carretera de Cádiz.

El presidente de Solidaridad asegura que después de aquello hablaron con Francisco Pomares, el concejal encargado de Participación Ciudadana. «Le dijimos que aquello no eran formas, y que si había quejas por parte de alguien, se debería haber abierto un expediente informativo, pero no se podía llegar allí así y hacer eso, con dos o tres coches pertenecientes a la Policía Local».

Ésta sería la primera de las afrentas sufridas por Ardira, una asociación envuelta en una polémica porque una serie de socios están recogiendo firmas, dice Santos, para echar a la actual junta directiva. Por otro lado, parece que lo que motivó la intervención municipal es que existía un expediente en el que se investigaba por qué a determinados vecinos no se les había admitido como socios, siempre según Santos.

«Algunos miembros de la antigua junta se fueron y se acusó de que los libros estaban en mal estado ni se sabía qué se cobraba a cada socio. El Ayuntamiento argumentó eso para dejar el local. Se le mostraron las actas y los libros actualizados, y que había actividades, así como los justificantes de los monitores que daban clase allí», precisó.

María Huelin, directora de distrito de Carretera de Cádiz, también giró una visita al local. «Cuando llegó vieron que apuntaba nombres, el DNI y el domicilio de los socios consignados en el libro, y se le dijo que no podía hacer eso porque violaba la Ley de Protección de Datos», indicó.

Todos estos hechos, por tanto, formarían parte de esa campaña de acoso para que abandonen el local, recalca Santos. «Hemos pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que medie y le diga a su concejal que no pueden seguir así. Hemos escuchado que nos quieren quitar el local y que desaparezca la asociación para que entren los antiguos vecinos», subraya, y añade: «Es un campaña orquestada por el concejal de la Carretera de Cádiz para que se aburran, porque ésta, Ardira, es una asociación crítica que ha denunciado, incluso, que el local necesita arreglos y que han aparecido incluso pintadas en él. Están acosando a los vecinos con inspecciones y reuniones».

Incluso, la Gerencia de Urbanismo -que tiene las competencias sobre el local asociativo- abrió un expediente sobre el supuesto mal estado en el que se encuentra el local y acabó archivándolo, arguye Paco Santos.

Esta asociación de vecinos está envuelta en la polémica desde hace años con un sonoro enfrentamiento entre la actual junta directiva y miembros de la anterior, sin que haya existido hasta ahora punto de consenso alguno.