Siete familias andaluzas han dicho adiós al desahucio que les amenazaba gracias al decreto de la función social de la vivienda puesto en marcha por la Junta, que ha permitido tramitar los expedientes de expropiación temporal de uso de estos inmuebles, situados en cuatro provincias diferentes. Desde que una familia de Huelva protagonizara el 23 de mayo el primer trámite de expropiación forzosa a entidades financieras del uso de la vivienda, se han sumado otras en Almonte (Huelva), Motril y Charches-Valle del Zalabí (Granada), San Roque (Cádiz), y las dos últimas en Málaga capital. El decreto, que entró en vigor el 12 de abril, se encuentra con un informe negativo de la Comisión Europea pero la Junta afirma que «seguirá desplegando todas las facultades» de la norma.