Tras varios meses de sufrimiento, los tres últimos han sido cruciales. Ana María Gómez, una mujer divorciada de 42 años con dos hijos de 5 y 10 años a su cargo, se ha quitado de los hombros la pesada carga que suponía el inminente desahucio de su vivienda, localizada en la calle Camino Suárez de la capital malagueña. El pasado viernes, la Junta de Andalucía le comunicó que su caso era acogido por el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda y del proceso por el que la administración andaluza iniciaba los trámites de expropiación de la vivienda al banco que se la iba a quitar.

El proceso, según Ana María, se inició ayer con la publicación de su caso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), situación que le ha provocado «un gran alivio» tras tres meses de trámites y papeleos. La expropiación al banco, según explica, se realizará en concepto de alquiler social por el que tendrá que pagar el 25% de sus ingresos.

«Estoy contenta y tranquila. Ahora tengo tres años por delante. Mi fe y mi esperanza es que mi vida cambie, tener trabajo y otra perspectiva de futuro», dice Gómez, cuyos problemas comenzaron hace cinco años, cuando su esposo la abandonó en todos los sentidos. «Mi marido se marchó y se desentendió completamente de todo, del tema de la manutención, de la hipoteca, etcétera, no quiso entrar en ningún diálogo y mi lucha ha sido sola, en los juzgados, intentando resolver la situación», explica. Su lucha se centró en hacer frente ella sola a la hipoteca, «ya que era muy bajita y pensé que podía asumirlo». «Pero con esta situación y tal y como está el trabajo, se me fue de las manos», apunta Gómez, quien añade que actualmente trabaja dos horas al día como dependienta en una tienda y gana 300 euros al mes: «Es poquito, pero voy sumando».

Hasta ahora, para poder subsistir recibe la ayuda de sus familiares y de entidades como Cáritas: «Voy luchando con la ayuda de mi familia porque sin ella cuando te ves en esta situación es imposible; todo es moverte y buscar soluciones». La vivienda de Ana María, que se encuentra en un edificio a mitad de la calle Camino Suárez, recibió una orden de desahucio que estaba prevista para el pasado 13 de junio, pero finalmente pudo evitar el desalojo con la ayuda de su abogada.

Ana María afirma que en el momento en que recibió la llamada de la Junta de Andalucía comunicándole la noticia sintió «mucha alegría y tranquilidad» porque «vivir con la angustia de que te echan de tu casa no es algo agradable». «Gracias a Dios reúno todos los requisitos de este decreto; ahora voy a seguir con esta lucha en la que llevo desde hace cinco años, todo esto lo hago por mis hijos, porque ellos no tienen culpa de nada», asevera Gómez antes de animar a todos los que están en su situación a seguir luchando. Los otros beneficiarios de este decreto ley en la provincia de Málaga, cuyo domicilio se encuentra en la calle Ebro, también en la capital, son los miembros de una familia numerosa de origen marroquí con cuatro hijos y con los dos progenitores en situación de desempleo.