El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a que, "a la mayor brevedad posible", realice la liquidación íntegra que mantiene con la Universidad de Málaga (UMA) --1.000 millones a todos los centros andaluces, de los que 144 corresponden a la institución malagueña--.

Se trata de un punto de una moción urgente presentada por el equipo de gobierno del PP en la sesión plenaria de este jueves, en la que también han salido adelante, con la mayoría absoluta de los 'populares', los relativos a demandar al Consejo Social de la UMA que alargue el plazo para solicitar la ayuda de los universitarios al Fondo de Emergencia y a que amplíe éste último.

También al Gobierno andaluz se le demandará que realice "de forma inmediata" la transferencia correspondiente a la Universidad de los 100 millones anunciados por el presidente, José Antonio Griñán, y que modifique el decreto por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, con el fin de dotar de autonomía a la UMA para el fraccionamiento del pago de los mismos en el número que considere oportuno.

El PP ha rechazado, sin embargo, una moción ordinaria del PSOE pidiendo un fondo municipal, de al menos 500.000 euros, provenientes de la reducción de un 10 por ciento de la partida presupuestaria inicial relativa a propaganda y publicidad y de la eliminación de la referida a la Oficina de Grandes Infraestructuras de Promálaga, de modo que "ningún universitario tenga que dejar sus estudios por no poder asumir el pago de la matrícula".

Para los grupos de la oposición, PSOE e IU, el Ayuntamiento también puede contribuir a aliviar la delicada situación de muchos universitarios. Además, la portavoz socialista, María Gámez, ha advertido de que "si los estudiantes se quedan fuera no es debido a que la Junta deje de pagar, sino por la política errónea de Mariano Rajoy y de José Ignacio Wert, que son los que expulsan a los alumnos". Por ello, ha acusado al PP de practicar "una política de tinta de calamar".

Según la viceportavoz de Izquierda Unida, Antonia Morillas, "es el ministro Wert el que ha pretendido dilapidar la educación pública", y ha lamentado que, ante esto, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento "siga con el discurso de que la Junta de Andalucía no paga".

El concejal de Juventud y presidente de NNGG de Málaga, Luis Verde, ha negado los argumentos de la oposición durante el debate plenario y ha hecho hincapié en que Andalucía es la Comunidad Autónoma que "más adeuda a sus universidades".

En otro orden de cosas, se ha aprobado de forma definitiva, con los únicos votos del PP, el plan especial de la fábrica de La Araña, así como provisionalmente la modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a la inclusión de un nuevo uso de equipamiento comunitario denominado Servicio de Interés Público Comercial, correspondiente con el servicio público de mercado, regulando distintos subtipos, con usos compatibles de supermercados, restaurantes, etcétera.

Por otra parte, se ha dado el visto bueno a una moción institucional por la que la Corporación solicitará al gobernador del Estado de Florida (Estados Unidos) la revisión del caso del ciudadano español Pablo Ibar, en el corredor de la muerte desde diciembre de 2000, y la repetición de su juicio con plenas garantías jurídicas. De igual modo, ha mostrado su oposición a la pena de muerte, cuya aplicación es "un acto inhumano y cruel".