La Junta de Andalucía se refrendó ayer en su intención de ponerse al día esta semana con las cantidades que adeuda a la escuela de hostelería de La Cónsula, que, según fuentes de la propia administración, superan los 600.000 euros. Veinticuatro horas después del cierre provisional del restaurante del centro, que se ha quedado sin suministro como consecuencia directa de los impagos, que afectan también a las nóminas de los 25 trabajadores del complejo, la administración que dirige José Antonio Griñán quiso frenar sobre la bocina esta nueva tormenta política.

De hecho, ayer noche en una reunión con los responsables de la escuela, Patricia Alba, delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte, aseguró que los pagos se iban a empezar a tramitar hoy para poner fin a la crisis y saldar la deuda con los proveedores, que habían dejado de asistir al complejo tras más de ocho meses sin cobrar sus facturas. De esta forma, si el dinero llega hoy, el restaurante abriría sus puertas mañana jueves.

La representante de la Junta insistió en que el Gobierno andaluz nunca ha tenido la más mínima intención de desatender sus compromisos con el centro y achacó los retrasos a un problema burocrático relacionado con el traspaso de las competencias relativas a la escuela, que han pasado a depender de Educación tras el periodo de gestión de Empleo. «La Junta lleva veinte años apostando en solitario por la escuela y lo seguiremos haciendo», precisó.

Los impagos de la administración habían generado, según los trabajadores, un gran agujero económico a la institución. En concreto, la Junta debe la aportación de 2013 y el último tramo, 25 por ciento, del pago del curso precedente. Unas cantidades que encierran casi el 80 por ciento de la financiación de La Cónsula y cuya ausencia hace inviable su funcionamiento. A los empleados se les debe la nómina de los últimos cuatro meses, además de un salario adicional correspondiente a la paga extra.

Alba reconoció la lentitud del procedimiento y lamentó la situación provocada por los retrasos. «Ha habido un problema puntual de tres meses del cual somos responsables, pero hay que tener en cuenta que son muchos los consorcios de Andalucía afectados por el traspaso», reseñó.