La Junta pide al Gobierno que analice el decreto de vivienda y aplace el recurso

El viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, anunció ayer que la Junta de Andalucía va a solicitar al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral para analizar la repercusión del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda y «frenar» así la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la normativa andaluza previsto para el próximo 12 de julio. «Queremos poner la reflexión y el análisis encima de la mesa; y si hay conflictos de competencias en materia de vivienda que se diriman en esta comisión», explicó García Cebrián, quien recordó que «lo que está en juego es la protección de muchas familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas y que se encuentran en riesgo de exclusión social».

El viceconsejero recordó que «el PP no ha estado en contra del decreto ley de vivienda», pero hace una semana se planteó la interposición del recurso «a rebufo del murmullo en el seno de las instituciones europeas donde al parecer se cuestiona el decreto andaluz y los que a la zaga vienen de otras comunidades autónomas, porque pudieran poner en cuestión las políticas europeas en materia de vivienda».

García Cebrián, que participó ayer en una jornada de seguimiento del Programa andaluz de Defensa de la Vivienda, manifestó que el Gobierno no debería «ir con prisas, ni tener urgencias» para interponer un recurso de inconstitucionalidaad del que «Andalucía no quiere ser la víctima», ya que, explicó, «los verdaderos afectados van a ser las personas que están siendo atendidas porque ven lesionados sus derechos a una vivenda digna».

Por todo ello, afirmó el viceconsejero, «invitamos al Gobierno» a que, usando la legalidad vigente, prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artítuclo 220 del Estatuo de Autonomía andaluz, convoque la comisión bilateral lo que supondría ampliar a nueve meses el plazo inicial de tres para interponer el recurso de inconstitucionalidad desde la entrada en vigor del decreto, con lo que se aplazaría al 12 de enero de 2014.

El decreto ley de función social de la vivienda ha evitado ya siete desahucios en Andalucía, uno de ellos en Málaga a raíz de la expropiación del inmueble a los bancos, si bien la cifra de personas atendidas en las ocho oficinas que hay en el territorio andaluz se eleva ya a 5.000 personas.

Relación «desigual» con los bancos

La relación de la Consejería de Vivienda con las entidades financieras, en cuento a la aplicación del decreto sobre desahucios, está resultando «desigual». Según su secretaria general, Amanda Meyer, «la disposición a colaborar de muchas de ellas ha cambiado para mejor tras la puesta en marcha de herramientas como las oficinas vinculadas al Programa de Defensa de la Vivienda o la entrada en vigor del decreto andaluz», que establecía la obligación de los bancos de comunicar a la Junta en el plazo de un mes los datos sobre viviendas protegidas en Andalucía. De momento, 23 entidades han proporcionado toda la información, que ya se ha enviado a las distintas delegaciones provinciales para que crucen esos datos de viviendas con las ejecuciones hipotecarias y con los datos que tienen los propios ayuntamientos, responsables, en última instancia, de mantener al día los registros de demandantes de viviendas protegidas y de su adjudicación. Y es que, gracias a este decreto, afirma Meyer, se está cumpliendo una obligación que existía desde 2005, pero que no se atendía, y es que todas las viviendas protegidas estén a disposición de los demandantes. Las entidades financieras cuando hay una normativa por medio «cumplen», pero si la colaboración que se pide es voluntaria, asegura, «no están a la altura».