El Constitucional suspende la aplicación del decreto andaluz antidesahucios

Ya no se trata de amagar. El hecho es que el Gobierno de Rajoy ha dado. El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso interpuesto por el Ejecutivo central contra el decreto andaluz antidesahucios. Puede que parezca un simple paso más en un largo proceso, pero ello tiene consecuencias drásticas sobre el futuro y la vida de 82 malagueños que esperaban acogerse a la normativa para evitar su desahucio inminente: la aplicación de la normativa se suspende cautelarmente durante cinco meses, lo que coloca a estas familias, literalmente, con pie y medio en la calle y al borde de la exclusión social.

El Gobierno ya anunció el 28 de junio que recurriría ante el Constitucional la norma, sobre todo después de las críticas efectuadas por los mercados, por analistas y sobre todo por los miembros de la Troika, que temen que la situación de la banca se deteriore, aún más, tras el rescate de más de 40.000 millones de euros, una suma que podría multiplicarse si la crisis a la japonesa -el estancamiento- viene para quedarse y las tasas de morosidad continúan creciendo como la espuma de una cerveza.

Este decreto, insisten los bancos y la Troika, puede poner en jaque los ya maltrechos balances de las entidades, sobre todo después del golpe del Supremo a las cláusulas suelo y la solución salomónica de las preferentes con los árbitros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó hace unos días sin inmutarse en Moncloa que la norma andaluza «afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio de igualdad». Después de la última remodelación conservadora -de perfil moderado- de los magistrados del Alto Tribunal español, el decreto puede darse por muerto salvo milagro.

En concreto, son 12 los expedientes de expropiación temporal de viviendas que se han iniciado en Andalucía, seis de ellos en Málaga, provincia en la que esperan 82 personas para acogerse al decreto, cuyo requisito básico es que puedan demostrar que están al borde de la exclusión social.

Tras la tempestad no hubo calma. La Junta de Andalucía volvió a tirar ayer de artillería ideológica para atacar al Gobierno por el recurso. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien parió el decreto, aseguró que el Ejecutivo andaluz «nunca» bajará los brazos en el cumplimiento de sus compromisos «con las víctimas de esta crisis-estafa que no han provocado y que el PP les quiere hacer pagar».

Con su contundencia habitual, y un día después de que le explicara en Bruselas a la Comisión Europea de qué iba su decreto, aclaró que la suspensión de la norma ha sido «forzada a las bravas por el PP, y refuerza el privilegio de las entidades financieras». Y reconoció: «La suspensión afecta a todos los procesos de desahucio en marcha o por venir en Andalucía».

El director general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Antonio Ibáñez, defendió la constitucionalidad del decreto y aclaró que el Gobierno central «hace un uso perverso y torticero» del Constitucional. Ese recurso, insistió, lleva una clara intencionalidad política.

La sucesora de Griñán al frente del PSOE andaluz y de la Junta, con el permiso de Luis Planas y el alcalde de Jun, Susana Díaz, pidió al PP que aclare si hay «algún acuerdo con la banca» que explique el recurso.

La consejera de la Presidencia precisó: «El Gobierno debe explicar qué le ha llevado a ponerse frente a las personas y al lado de quienes han provocado la crisis». Advirtió al PP, además, de que a partir de ahora «será el único responsable de lo que está pasando con este drama de los desahucios en nuestro país». En cuanto a la oferta de negociación del Gobierno, Díaz insistió en que el Ejecutivo andaluz pidió la comisión bilateral antes de que se presentara el recurso, pero la respuesta fue «no».

El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE andaluz, Miguel Ángel Heredia, también estuvo ayer muy duro con el recurso, que calificó de «vergonzoso». «La derecha será doblemente responsable del drama de los desahucios. Los socialistas trabajamos por las familias y no al dictado de los bancos», recalcó, para añadir acto seguido que la expropiación temporal de viviendas «es una medida excepcional para casos excepcionales».

Cargos públicos y dirigentes de Izquierda Unida y colectivos sociales y sindicales han convocado hoy en Málaga una concentración de repulsa contra el decreto. Será en la Subdelegación del Gobierno a partir de las 12.00 horas.