La Junta reta al Gobierno y lleva la ley de Costas al Constitucional

La Junta está dispuesta a plantear batalla a la reforma de la ley de Costas promovida por el Gobierno. A la aprobación autonómica del decreto de protección del litoral, que choca frontalmente con los cambios estatales introducidos por el equipo de Rajoy, se suma ahora el agotamiento de los recursos legales previstos para impedir la aplicación de su contenido; Andalucía, según anunció ayer su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, interpondrá finalmente un nuevo recurso en el Constitucional, el séptimo que tramita desde que se inició la legislatura contra una propuesta que considera regresiva y avasalladora con el espacio marítimo-terrestre.

La diferencia es que esta vez la Junta no está sola. A su recurso se añade otro anunciado en los mismos términos por las autoridades del País Vasco, quienes también tienen dudas sobre la legalidad de la reforma. Especialmente, por una posible invasión de las competencias autonómicas, que entran asimismo en juego en la regulación del entorno, y por lo que la administración andaluza interpreta como «un ataque frontal» a la protección de la naturaleza.

De acuerdo con la Junta, la norma, que propone asimismo un indulto para el medio millar de casas que ocupan la ribera marítima de barrios como El Palo y Pedregalejo, deja la puerta abierta a la urbanización de terrenos anteriormente incluidos en la zona de especial protección. La comunidad acusa al Gobierno de primar los intereses particulares en su revisión de la ley. Un argumento que apoya en la nueva definición del espacio marítimo terrestre, que, según la Junta, ha dejado de establecerse en función de los límites naturales y de las mareas para abrazar «criterios técnicos» que se irán despejando en futuros reglamentos. Otro tanto, precisa la administración autonómica, ocurre con el concepto de duna, que se restringe en el texto a aquellas que resultan necesarias para mantener la estabilidad de la playa, lo que para la Junta también es sinónimo de ambigüedad y de posible tolerancia hacia la nueva construcción.

La región, que cuestiona hasta diez puntos susceptibles de no ajustarse a la Constitución, cree además que la reforma podría autorizar la existencia de playas privadas fuera del dominio público. En su análisis, la Junta denuncia la introducción de la figura de la urbanización marítimo-terrestre, un título reservado para los núcleos de población levantados en áreas que se han vuelto navegables a raíz de la inundación artificial de terrenos privados y que, para el Gobierno andaluz, permitirá en la práctica detraer del dominio público nuevas parcelas para edificación.

En el nuevo recurso, que se presenta tras la reunión mantenida por los representantes de Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias y País Vasco, comunidades que suman casi la mitad del litoral español, el Gobierno andaluz habla también de vulneración de sus propias competencias. En este punto, la Junta se refiere, entre otros, a los usos dispuestos en los 100 primeros metros de tierra, que son, insiste, de supervisión autonómica en exclusiva. En este sentido, alude asimismo al nuevo canon de ocupación de los puertos deportivos y pesqueros, un impuesto que ya exige Andalucía y cuya aprobación podría suponer una duplicación de tasas rigurosamente vetada por la ley de financiación.

Con esta nueva ofensiva contra la normativa, la Junta pretende paralizar la sanción de la norma y solicitar la suspensión cautelar de su puesta a punto, que, en palabras de Vázquez, acarrearía unos «daños irreparables» para el litoral andaluz.

La amnistía a las casas. De cumplirse este propósito, el recurso volvería a dejar en el aire a las 517 casas de Pedregalejo, El Palo y La Araña construidas en línea de especial protección y cuya existencia se interpreta ya lo suficientemente consolidada en la zona urbana como para poder asegurar su continuidad. En principio, y tras décadas de protestas, estos inmuebles se benefician del nuevo indulto aparejado a la ley, que exorcizó el peligro de la demolición con un proceso de legalización encubierta que incluía una moratoria de 75 años y la exclusión de cada una de las casas del área catalogada como pública.

Sobre el caso de las viviendas afincadas en terreno público, la Junta se queja de su reingreso al dominio privado y recuerda que muchos de los propietarios ya fueron compensados con el justiprecio de la concesión temporal. «Con ello se abre la vía para que determinados bienes patrimoniales vuelvan a ser privados en una suerte de readjudicación directa e instantánea», indica. La Junta, y así se lo hace saber en su recurso al Tribunal Constitucional, aboga en este punto por buscar soluciones que respeten la «inalienabilidad» del dominio público. O lo que es lo mismo, que se mantenga la catalogación.