La Diputación sanea sus cuentas y transfiere 110 millones en dos años a los pueblos

La vicepresidenta primera y responsable de Economía de la Diputación Provincial de Málaga, Francisca Caracuel, está satisfecha. En apenas dos años ha conseguido darle la vuelta a la tortilla y ha evitado una «bancarrota» que parecía inevitable, toda vez que, asegura, la institución se encontraba en julio de 2011 en quiebra técnica. En este tiempo, según el balance de gestión realizado por la propia Caracuel, el organismo supramunicipal no sólo ha conseguido sanear sus cuentas, sino que además ha logrado el primer superávit en cinco años, pasando de 40 millones de euros de déficit en 2011 a un saldo positivo de 43 millones el pasado año.

De esta forma, afirma la responsable de Economía y Hacienda, la Diputación «vuelve a ser un motor de impulso inversor», como demuestra el hecho de que en los dos años que el PP lleva al frente de esta institución se han programado inversiones por valor de 250 millones de euros, lo que ha permitido generar 7.000 puestos de trabajo en la provincia de Málaga.

En este tiempo, según el citado balance, se han transferido a los ayuntamientos 110 millones de euros, se han cancelado 65 millones de euros de deuda bancaria -quedan todavía pendientes 146,5 millones- y se ha alcanzado la mayor ejecución presupuestaria desde 2006, con un nivel superior al 70%.

Además, entre julio de 2011 y marzo de 2012, la Diputación recuerda que ha abonado 56 millones de euros de atrasos a proveedores, dejando la cuenta por este concepto en «cero técnico», es decir, que actualmente sólo existen deudas vivas o en periodo administrativo de pago, cuyo plazo de abono, según la vicepresidenta, «se ha reducido por debajo de los 30 días».

La gestión del área de Economía, según Caracuel, ha estado marcada por un plan de austeridad que se ha aplicado desde el primer momento, por la reducción de las firmas con poder para gastar, que han pasado de 633 a sólo 14, y la obligatoriedad de realizar retenciones de crédito como paso previo para poder realizar un gasto. Todo ello, recuerda la vicepresidenta, se puso en marcha para «evitar la bancarrota y sentar las bases de lo que ahora es una institución solvente e inversora», ya que hace dos años la Diputación estaba en quiebra técnica, «con presupuestos incrementalistas, endeudamiento galopante, déficit público acuciante y baja ejecución presupuestaria».

En la línea de reducir el gasto público, la Diputación trabaja ya en la implantación de una central de compras provincial, que permitiría simplificar la tramitación administrativa y ahorrar, ya que se obtendrían condiciones más ventajosas por parte de los proveedores cuanto mayor es el volumen de la adquisición.

De momento, la institución ya ha hecho un estudio sobre puesta en marcha y se ha iniciado el proceso de consulta a los municipios de la provincia que participarían en esta iniciativa.