El PSOE recurrirá la Ley de Costas ante el Constitucional

El PSOE presentará la próxima semana su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas aprobada el pasado mes de mayo porque considera que es una privatización del dominio público marítimo terrestre, que está protegido por la constitución. La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, denunció ayer: «Es una ley que perjudica a todos, que tenemos derecho a disfrutar de nuestro litoral, y que beneficia de nuevo a intereses económicos de muy pocos, algunos muy conocidos».

Dos semanas después de llevar al Tribunal Constitucional la Ley Antidesahucios, los socialistas volverán al alto tribunal y con este texto acumulan ya más de una docena de recursos contra leyes nacionales y autonómicas en esta legislatura.

La Constitución protege el litoral en su artículo 132, que considera bienes de dominio público estatal «los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental».

Los socialistas, para esta cuestión, tienen en cuenta una sentencia del propio Tribunal de 1991, que «el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal que, aún reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus características fueran destruidas o alteradas». Por ello, también han estudiado si la norma respeta el reparto de competencias. Así lo han explicado los responsables socialistas de Medio Ambiente, el portavoz parlamentario José Luis Ábalos y el responsable en la Ejecutiva Federal, Hugo Morán. Ambos han denunciado que la ley altera la titularidad de la zona de dominio público y, en lugar de preservar sus características, las modifica «en función de intereses privados».

El PSOE rechaza que se amplíen 75 años más las concesiones a los propietarios de viviendas situadas en la playa desde antes de 1988 y además, considera totalmente arbitraria la lista de 12 municipios «agraciados» que quedan excluidos por ley de la zona de dominio público marítimo terrestre. Se trata del poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Sierra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedregalejo y El Palo (Málaga).

El PSOE critica también que la ley se ponga en marcha sin que se hayan hecho los mapas de riesgos de zonas inundables lo que, a su juicio, deja claro que «han primado los beneficios particulares sobre los riesgos ambientales o los que pueda provocar el cambio climático», explicó en su día Hugo Morán.