Hay quien tiene una memoria prodigiosa para retener agravios. Y si la afrenta fue la sustracción de un hijo al nacer en los oscuros años del franquismo ese hecho nunca se olvida. Ni la distancia ni el tiempo pueden sanar esas heridas. Por eso, y porque la justicia española les ha cerrado las puertas, la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) decidió sumarse a la querella de la juez federal argentina que trató de investigar los crímenes del franquismo. El colectivo se adhirió a través de un testimonio de tres folios en el que señala seis nombres de médicos y cuatro de matronas como sospechosos de integrar la red criminal en Málaga y Granada. Su idea es que la togada, Servini de Cubria, llame a declarar a los que quedan vivos.
Salvador Rojas, abogado de la asociación, reconoce que es difícil que prospere esta querella, sobre todo porque en la misma, bajo el principio de Justicia Universal, se investigan los crímenes cometidos por el régimen fascista por motivos ideológicos. De hecho, los impulsores fueron familiares de represaliados en las primeras horas del alzamiento contra la II República. Para acogerse a este hecho, Rojas motiva el documento asegurando que los primeros robos, fechados en los años cuarenta, tenían una motivación ideológica, pues las afectadas eran madres republicanas cuyos maridos estaban encarcelados. Es la percha jurídica usada por la asociación para sumarse a este intento de hacer justicia, o por lo menos de buscarla.
Los casos arrancan en los años cuarenta, aunque se esparcen regularmente hasta principios de los noventa, cuando desaparecen. En Málaga, Aberoa representa a 200 familias de las que más de un centenar ha denunciado su problema en la Fiscalía Provincial o en los tribunales de Justicia.
Marina Palomo, abogada de Aberoa, también reconoció en septiembre de 2012, fecha en la que la asociación se sumó a la querella -el testimonio fue enviado a principios de 2013-, que se trata de un esfuerzo paralelo para recopilar documentación mientras que los jueces españoles archivan, una tras otra, todos las causas porque los crímenes han prescrito o porque no han quedado acreditados. Es otra vía más para luchar contra el silencio, aunque el encaje jurídico sea complejo y la vía sea difícilmente transitable. «Esto se hizo por si se podía conseguir alguna documentación a la que en España no se había podido llegar. Hablando en plata, sabemos que es difícil», reflexiona.
En el testimonio, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, se habla de cuatro matronas que se repiten en distintos documentos de la época y que trabajaban en Málaga y Granada. Además, se citan los nombres de seis médicos, «los más destacados por firmar múltiples certificados de defunción», se precisa. Sobre uno de ellos, dice la asociación en el testimonio remitido a la juez federal argentina, que aparece en múltiples certificados de defunción, «aún está colegiado y en ejercicio según el Colegio de Médicos de Málaga». Una de las madres asegura que otro médico se negó a firmar el certificado de defunción haciéndolo este sanitario «sin reparo alguno». Hay otro importante facultativo malagueño en esa relación.
Rojas reconoce que algunas de estas personas ya han muerto o tienen muchos años y problemas seniles, pero cree que los supervivientes que estén bien de salud pese a ser ancianos sí deben comparecer ante la Justicia, en calidad de testigos en principio, para que puedan arrojar luz sobre muchos casos que ahora están entre brumas.
En el testimonio, la asociación asegura que los hechos se dieron sobre todo en el Hospital Civil y Carlos Haya, y en los centros sanitarios Ruiz de Alda y San Cecilio de Granada «durante la dictadura franquista», al igual que en Andalucía y el Estado español.
Estas sustracciones afectaban a «mujeres de distintas edades, niveles culturales y económicos y estados civiles, muy especialmente a las procedentes de pueblos y zonas rurales con escaso nivel cultural y bajos recursos económicos». Llegaban hasta la ciudad para el parto, estaban solas en el hospital. «Incluso las mujeres solteras eran objeto de estos hechos con habitualidad, pues no se puede perder de vista que el régimen dictatorial perseguía con dureza el adulterio y discriminaba social y legalmente a los hijos nacidos fuera del matrimonio», recalca.
La mujer era aislada en salas solitarias, daban a luz naturalmente o por cesárea, «demasiado frecuentes con el objeto de dificultar las posibilidades de defensa de la madre, al no ver al niño vivo». Una vez parían, «les eran retirados los niños, aprovechando el agotamiento propio del parto o la anestesia previamente inducida». Cuando los padres preguntaban, les decían que sus hijos habían muerto por asfixia o problemas respiratorios, «o por inmadurez o prematuridad del feto».
En los documentos del deceso, «se contradicen las causas de la muerte». «Les anunciaban que ya estaba todo preparado por el propio hospital para el entierro, sin coste». Incluso, dicen los letrados de Aberoa en el escrito enviado a Argentina, si la familia pedía ver el cuerpo «o bien se le amenazaba con la retirada de otros hijos -a lo cual callaban, dado el régimen instaurado, y la falta de derechos civiles y libertades individuales- o bien se les decía que ya había sido enterrado».
Muchas veces se les explicaba que habían sido enterrados en el patio del hospital o que se aprovechó el féretro de una persona adinerada para enterrarlo. En el mejor de los supuestos, explica Aberoa a la juez Servini de Cubria, «los familiares eran trasladados a la sala-mortuorio donde se les enseñaba un cuerpo de bebé entre gasas, al que no podían acercarse ni tocar».
En ningún caso hay historiales clínicos, «casualmente, ni se encuentran datos en los registros administrativos, y los restos se suponen irrecuperables por haber sido mayoritariamente enterrados, según se ha comunicado a las familias, en osarios generales».
Memoria fiscal
La asociación, frente a lo dicho por la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2012, habla «de hechos generalizados» o trama organizada, «que atentaba contra la dignidad de las mujeres y los derechos de los menores, y que fue activamente o pasivamente permitido por el régimen, en el que las personas y organismos implicados (médicos, enfermeras, monjas, etcétera...) han gozado de plena impunidad».
La situación está tan extendida por Andalucía que en 2011 se fundó Aberoa, que desde entonces ha participado en numerosas manifestaciones y reuniones para tratar de acercar posturas y defender su posición ante las instituciones.
