Más de cien familias acudieron a la Fiscalía Provincial de Málaga o a los juzgados de la capital para denunciar la sustracción de sus bebés en hospitales malagueños. Generalmente, tras abrir diligencias, éstas se han archivado en un 80% de los casos, incluso a veces sin hacer un solo trámite. Claro que los jueces han luchado contra dos enemigos implacables: el tiempo y el olvido.

En muchas ocasiones, los supuestos autores habían muerto o alegan demencia senil. Y en otras, no quedaba acreditado realmente que hubiera existido delito. La Fiscalía General del Estado y el propio Salvador Rojas, abogado de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), reconocen que todo este asunto ha generado un cierto efecto llamada de muchas personas adoptadas que legítimamente querían conocer sus orígenes pero cuya emancipación materna se hizo legalmente.

La presidenta de la asociación, la incombustible Isabel Agüera, asegura que las familias sienten «impotencia». «No se hace nada, nos han cerrado las puertas y no tenemos por dónde tirar. Estamos decepcionados con la Justicia, es todo muy difícil», reflexiona.

Reconoce que ya ha pasado la avalancha de casos. Un alto cargo gubernamental trata de encauzar los casos. Muchas familias llegan exhaustas después de años hurgando en registros de medio país, o tras exhumaciones en las que los restos hallados no reúnen las condiciones suficientes para hacer pruebas de ADN.

También hay una discusión jurídica. Algunos jueces creen que el delito de usurpación del estado civil prescribe, pero los juristas de la asociación creen que la «detención ilegal no lo hace nunca, hasta que no se acaba la retención involuntaria», señala el abogado Salvador Rojas. Aportan otro elemento jurídico a la discusión: se trata de delitos de lesa humanidad, porque es un ataque, dice Rojas, «contra los derechos de los niños y de los progenitores».

«Muchos casos se han archivado y otros esperan que la Audiencia Provincial resuelva las apelaciones», señala. Lo cierto es que las secciones penales, denuncia Aberoa, están tardando en contestar a los recursos. Esperar es lo que mejor saben hacer los afectados.