El Colegio de Abogados de Málaga ha dado primero en la lucha que mantiene con la Agencia Tributaria después de que en mayo Hacienda le pidiera que le entregara todos los informes o dictámenes relativos a minutas conflictivas de 2009 a 2012. El fisco llegó a amenazar con sanciones, pero la respuesta a una consulta del decano de los letrados, Francisco Javier Lara, a la Agencia de Protección de Datos da la razón a los juristas. De hecho, el organismo dice que de dar esa información sería una «cesión ilegítima» porque esos datos están protegidos al carecer de trascendencia tributaria.
Es decir, que si el decano decidiera dar la información estaría vulnerando gravemente la Ley de Protección de Datos y, por ello, no puede hacerlo aunque quisiera, que no quiere, claro. Es más, su postura ha sido beligerante en este asunto, y el cabreo de muchos letrados mayúsculo. Hay quien vio incluso una caza de brujas en esos requerimientos, aunque asesores fiscales y abogados aseguraron a este rotativo que el objetivo de semejante iniciativa podían ser las minutas no declaradas de determinados grandes despachos.
Estas campañas de Hacienda son habituales contra diversos colectivos profesionales, especialmente en época de crisis. Se buscan lagunas fiscales para hincar el diente. Incluso, los letrados denunciaron a La Opinión de Málaga, que publicó el asunto en exclusiva como pueden comprobar en las ediciones del 24 de mayo y fechas posteriores, cómo los despachos de la Costa del Sol estaban siendo objetos de inspecciones sorpresa en las que los inspectores pretendían grabar incluso los discos duros de las firmas.
El decano consultó a la agencia respecto de la legalidad de la cesión de esa información. En concreto, se recordó que el colegio sólo emite informes sobre tasaciones de costas y jura de cuentas, según la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, son los tribunales de Justicia las únicas instancias facultadas legalmente para solicitar esa información.
Los abogados de Protección de Datos entienden que, de dar el colegio la información solicitada por el fisco, se incurriría «en una cesión ilegítima de información protegida al carecer de trascendencia tributaria».
Además, la Junta de Gobierno del colegio ha ido a combatir en otros foros. De hecho, se ha presentado una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía alegando, precisamente, la falta «de trascendencia tributaria de la información requerida, la insuficiente motivación del acto administrativo y el carácter global e indiscriminado del requerimiento», informó ayer el colegio.
El malestar de los abogados fue tal en su día que un gran despacho marbellí envió una dura carta a sus compañeros y al decano en la que negaba su autorización a la institución colegial para dar cualquier información sobre sus minutas a Hacienda, y calificó la iniciativa fiscal como «inquisitio generalis».
«Es evidente que se pretende confeccionar una base de datos previa que sería después utilizada a conveniencia», decía el despacho, implicado, por cierto, en una trama de corrupción de la Costa del Sol.
«Es un trato denigrante a la profesión, es poner bajo sospecha a todos los colegiados de Málaga», decía uno de los prestigiosos letrados del despacho, que pedía la adhesión de sus compañeros a su carta, enviada el mes de mayo pasado, y exigía al colegio que hiciera lo que ha hecho, recurrir el asunto. Está por ver cómo acaba el combate, pero de momento Hacienda está en un rincón del cuadrilátero bastante maltrecha.
