Las inminentes convocatorias provinciales de contratas para la adjudicación a empresas privadas de la gestión de los servicios públicos de hemodiálisis han puesto en jaque al sindicato CCOO, que ayer pidó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que «garantice la protección del empleo existente» mediante la inclusión, en los pliegos de condiciones para la contratación de este servicio, de la subrogación del personal que actualmente presta este servicio.

Al respecto, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Humberto Muñoz, ha reclamado al SAS por escrito que exija «un compromiso de responsabilidad social a las empresas adjudicatarias», de forma que se garantice en el futuro la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.

Y es que, el sindicato denuncia que tiene información de que determinadas empresas de Almería y Cádiz han presionado a su plantilla para que acepten «abusivas rebajas salariales», en torno al 25%, y de pérdida de derechos laborales, a cambio de mantener sus actuales puestos de trabajo.

Según CCOO, «aunque la administración opte, a nuestro juicio de forma errónea, por renunciar a la gestión propia de estos servicios en favor de la fórmula de la gestión privada de los mismos, creemos que tiene la responsabilidad de velar porque las empresas adjudicatarias estén obligadas a no practicar este tipo de actuaciones contra las condiciones laborales y el empleo del personal que presta estos servicios a la ciudadanía».

En el caso concreto de la hemodiálisis, comenta Muñoz, «hay que tener en cuenta que se trata de pacientes crónicos que en la mayoría de los casos han establecido lazos de confianza con los profesionales a lo largo del tiempo que aportan valor añadido y calidad al servicio sanitario que se presta a los usuarios».

La organización sindical asegura tener constancia de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está preparando una inminente actualización de la Orden de 31 de octubre de 2005 por la que se fijan las condiciones económicas aplicables a los servicios de diálisis concertados con el SAS y las compensaciones a pacientes por determinados tratamientos domiciliarios.