Los vecinos de la corrala de la Buena Ventura no han conseguido evitar que esta mañana se realice el desahucio a las trece familias, con doce menores a su cargo, pese a la masiva concentración y al posterior encierro de más de una treintena de vecinos, que contó con el apoyo de los concejales de IU Eduardo Zorrilla y Toni Morillas. La policía, que desde primera hora de la mañana mantenía la zona acordonada, ha entrado finalmente en la casa para desalojar a las personas que se encontraban en el interior del edificio. Los agentes de la Policía Nacional han detenido a varios ciudadanos que participaban en la protesta. Miembros de Bomberos han sido requeridos porque tres manifestantes se han encaramado al tejado de la corrala de Buen Ventura.

El desalojo se ha saldado con al menos tres detenidos por, presuntamente, resistencia y desobediencia a la autoridad, según confirman fuentes policiales. El secretario judicial llegó sobre las 09.30 horas para notificar el desalojo por orden judicial. A continuación, entraron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía para echar a los activistas que permanecían encerrados en la azotea, unos siete. Dos de ellos fueron sacados por los agentes, resistiéndose cinco a abandonar el edificio.

"Ellos han llegado reventando puerta, ventanas y cristales, y nos han acorralado arriba", ha señalado uno de los desalojados. A lugar del suceso se ha desplazado un grupo de Bomberos para prestar ayuda técnica a los agentes de la Policía a petición de la autoridad judicial, según ha informado a Efe el Centro Municipal de Emergencias.

En torno a las 13.00 horas, con las escaleras prestadas por los bomberos, un cuerpo especial de la Policía Nacional ha sido el encargado de subir al tejado para detener a los tres activistas, uno de ellos el abogado de las familias, José Cosín, según ha indicado un portavoz policial.

Entre las personas encerradas no había menores, ya que las familias okupas abandonaron voluntariamente el edificio este pasado miércoles, según el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares. "Solo una o dos se quedaron en forma de apoyo y para mostrar su desacuerdo por la orden de desalojo judicial", ha expuesto.

Apoyo de IU Entre las numerosas personas que se encontraban en la calle para mostrar su oposición al desalojo, se encontraban los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga Eduardo Zorrilla y Antonia Morillas.

Pese al testimonio de algunos vecinos acerca del uso de violencia por parte de la Policía, el comisario ha asegurado que "no ha habido ningún incidente ni enfrentamientos". "No se ha utilizado ningún elemento antidisturbios", ha afirmado.

De las 12 familias que residían en este inmueble, 11 han recibido, a través del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, ayudas económicas para garantizarles el acceso a una vivienda, según han precisado fuentes municipales.

Solo una ha sido excluida de estas medidas al comprobarse que es titular de una casa del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en la barriada de La Corta.

Antecedentes El edificio lo tenía en propiedad Bankinter debido a un embargo a una promotora. Posteriormente lo vendió a otra inmobiliaria privada y las familias que ocuparon el edificio llevan tres meses de negociaciones con el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía para encontrar una salida sin éxito, ya que no están de acuerdo con las propuestas que les han planteado. Las familias aseguran que se les han dado varias alternativas ordinarias previstas para personas en riesgo de exclusión social, con una ayuda puntual de emergencia para el alquiler y que no son válidas para su situación extrema. "Consideramos que situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias porque sabemos que las vías existentes han resultado ya insuficientes", comentaron ayer varias familias que realizaron una manifestación de protesta desde la plaza de La Goleta hasta la calle Ventura Rodríguez de la Trinidad. Además, lamentan que la empresa propietaria no haya cumplido los compromisos a los que llegó con las familias para poder optar a las viviendas de forma preferente con un alquiler social.