La Junta se ha gastado 621.000 euros en organizar el caso Malaya, entre las obras efectuadas a la sala de vistas, la adecuación de la sala de prensa para que los periodistas pudieran seguir el proceso y las nuevas tecnologías usadas, como por ejemplo distintas instalaciones audiovisuales, una red de copias, red inalámbrica y un sistema de videograbación. También se construyó una sala para testigos protegidos, y un dispuso un intercomunicador entre el presidente del tribunal y el operador de realización y sistemas de captura de imágenes. Además, cinco funcionarios y tres informáticos han trabajado en el fallo.
