Las caras de la bancada de los exediles marbellíes a medida que Juan Antonio Roca iba desvelando su confesión matizada reflejaban multitud de sensaciones: hastío, tristeza; algunos se sostenían la cabeza entre las manos y otros decían que no en un vano intento de parar lo que se les venía encima, aunque fuentes judiciales aseguraron el pasado 8 de noviembre de 2011 que «el entorno del exasesor de Urbanismo informó en las últimas semanas a los exconcejales de lo que iba a decir».

«Los ediles lo sabían, otra cosa es que pensaran que era imposible que sucediera», aclaran las mismas fuentes. De hecho, no fue el asesor en persona quien les comunicó su decisión, sino que la noticia corrió de abogado en abogado, en un claro ejemplo de lealtad profesional para dar tiempo entre colegas a preparar una defensa solvente. «Todos lo sabían», insistieron las fuentes.

De hecho, la cosa, según el análisis que hacen varios letrados, se ha puesto algo fea para Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y para Carlos Fernández, si es que alguien lo pilla, porque éstos fueron los tres políticos con los que, según Roca, se reunía para darles la asignación a su grupo político para que la repartieran entre el resto.

«Para los concejales de base y para los tenientes de alcalde la cosa no está tan mal, porque cómo se acredita que el respectivo portavoz le dio el dinero a los ediles subordinados», asegura una de las fuentes consultadas. Por eso alguno incluso respiró aliviado.

Ése no es el caso de Marisol Yagüe, que estaba desencajada; o de otros ediles de menor protagonismo en el tripartito, que miraban al suelo buscando una explicación clara a lo sucedido.

Los murmullos crecían conforme Juan Antonio Roca avanzaba en su declaración con paso firme, sin esquivar las preguntas, y permitiéndose decirle al fiscal que, si le hacía falta, él se volvía a explicar, como si acusase.

Tal fue la conmoción, ya anunciada, por otra parte, que los concejales se dirigieron al mediodía de ese 8 de noviembre de 2012 a Marbella y quedaron en reunirse en el conocido restaurante D´María, pero una vez que se acercaron, y ante el temor de que la prensa se hiciera eco gráficamente del encuentro, abortaron la cita. De hecho, de haber sucedido se habría inmortalizado el instante. Ante el miedo al abismo abierto por su otrora asesor, lo mejor era masticar lo acaecido.

Algún abogado ve «suicida la estrategia», pero consideran que el exasesor de Urbanismo ha decidido contar las cosas a su manera para «ganar credibilidad» en futuras declaraciones; un matiz puede suponer más o menos pena, y eso lo sabe muy bien el supuesto cerebro de la trama.

Ese dñua no entró en las andanadas que le lanzó López Caballero, quien le llegó a preguntar si tenía en nómina a la corporación marbellí, a lo que éste respondió que jamás se aprobó en el Consistorio acuerdo alguno que le beneficiase. Y en la época de Yagüe no se aprobaban licencias ilegales, como sucedía reiteradamente antes de 2003. De hecho, la contabilidad de Maras arranca en 2004, por lo que Roca no pudo precisar si antes de esa fecha se untaba a los ediles. Sí dijo conocer que a algún concejal se le gratificó en esa época pero no ahondó en ese rumor.

La verdad de Roca no era la que esperaba el fiscal, porque desvinculó los pagos a los ediles y los presuntos sobornos recibidos por los empresarios de resoluciones urbanísticas favorables. Pagó a la corporación, sí, pero para que se mantuvieran unida hasta las elecciones de 2007. «Si demuestra que las resoluciones adoptadas no son delictivas está pagando por una cosa futura y eso es cohecho impropio del 426 del Código Penal, castigado con multa y no con cárcel».

Dos reflexiones: ¿qué pasó antes de 2003? Y, en segundo lugar, el supuesto soborno que afecta a Julián Muñoz se concretó en 2002, antes de Maras, por lo que de momento el exregidor puede estar tranquilo en cuanto a ese frente -tiene muchos abiertos-.

Los ediles, siempre en opinión de las fuentes, «van a seguir negando los cohechos», aunque lo cierto es que los apuntes contables de Maras ya tienen carta de naturaleza.