La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) se quejó ayer de que la imposición de la cita previa en algunas Jefaturas Provinciales de Tráfico está provocando prejuicios económicos para los vendedores, entre ellos tener que pagar multas, seguros o incluso posibles demandas ante los tribunales imputables al nuevo propietario.

La razón de esto es la demora de hasta de diez días del cambio de titularidad del coche, debido a la obligación del trámite de cita previa. Durante este tiempo, los comerciantes constan como propietarios del coche y son los responsables legales de cualquier incidente que se produzca con el vehículo a pesar de que ya esté en manos del comprador.

El sistema de cita previa, puesto en marcha en las Jefaturas Provincial de Tráfico de Barcelona, Madrid, Gerona, Lérida, Tarragona y Málaga, entre otras, implica que para realizar cualquier trámite relacionado con vehículos, conductores y sanciones, antes hay que concertar una cita a través de la página web dgt.es.

Según explicó la DGT, la razón de este sistema es «evitar esperas innecesarias, ahorrar tiempo y agilizar los trámites», aunque los vendedores de vehículos se quejan de los efectos secundarios de esta medida. «Es frecuente que durante este periodo de espera, los comerciantes reciban multas del vehículo que acaban de vender con el consiguiente coste mensual que los comerciantes deben afrontar por sanciones que no les corresponden», señala el colectivo.