Han llegado el día D y la hora H. Hoy se despejarán muchas incógnitas y Marbella comenzará a conocer exactamente la dimensión del saqueo al que fue sometida entre agosto de 2003, fecha de la moción de censura que aupó a Marisol Yagüe a la alcaldía con los detritus del Gil, ediles díscolos del PSOE y tres andalucistas, y el 29 de marzo de 2006, cuando el juez Miguel Ángel Torres desencadenó las primeras detenciones del caso Malaya, la mayor operación judicial contra la corrupción política y urbanística jamás conocida del país. Hoy, los 84 acusados en el juicio conocerán la sentencia, tras un proceso que ha durado casi dos años -199 sesiones-, a lo que hay que sumar los 14 meses que ha tardado la Sala en elaborar el fallo. El fiscal pide para ellos penas que suman casi 500 años de cárcel y multas que ascienden a 3.800 millones de euros.
La sesión arrancará a las once de la mañana, cuando el presidente y ponente de la sentencia, José Godino, comenzará a leer el apartado de las penas. En ello echará unos 40 minutos aproximadamente. Leer el documento al completo, que según algunas fuentes rozará los 6.000 folios, llevaría varios días. Acto seguido, se notificará a los procuradores de las partes y las acusaciones la sentencia, que tendrá un índice de 150 páginas para que no sea una tarea titánica buscar cualquier dato.
En la mañana de hoy la Ciudad de la Justicia volverá a ser el epicentro de la Justicia española. Más de 300 periodistas han seguido el juicio desde el 27 de septiembre de 2010, cuando se iniciaron las sesiones, hasta el 31 de julio de 2012, cuando acabaron. Hoy, en la sala de prensa, equipada con las más modernas tecnologías audiovisuales e informáticas, 85 informadores de radio, prensa escrita y televisión de todos los puntos del mundo darán a sus respectivos públicos todos los detalles de lo que ocurra en la sala de vistas, reformada para la ocasión y en la que la Junta invirtió más de 600.000 euros.
En el exterior del palacio, los fotógrafos de prensa y los cámaras de televisión retratarán la llegada y la salida de los acusados, que tienen acotada una zona de acceso. Habrá un amplio dispositivo de seguridad: sólo en la sala de vistas, habrá en torno a ochenta letrados, 84 procesados y los representantes de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía. Se teme que algunos colectivos aprovechen la cita para dar a conocer sus reivindicaciones. Se han anunciado manifestaciones de procuradores en protesta por la ley de colegios profesionales y la norma de las tasas. Además, se espera la llegada de ciudadanos particulares cuyo interés será conocer qué futuro les espera a los imputados.
Entre éstos hay dos que llegarán desde prisión: Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama, para quien se piden 30 años de cárcel y multas que suman 800 millones de euros. Éste lleva entre rejas desde el 29 de marzo de 2006, cuando fue arrestado en las primeras horas de la mañana; y el exalcalde Julián Muñoz, para quien se solicitan diez años de prisión.
Otros acusados muy esperados serán la exalcaldesa Marisol Yagüe; la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, siempre bien acompañada por su marido; el exalcalde Tomás Reñones, o los empresarios Rafael Gómez Sandokan, los directivos de Aifos o José María González de Caldas. Entre los testaferros, una de las imágenes más buscadas será la de Montserrat Corulla, la abogada que cerraba los negocios de Roca en París.
Malaya es ya una página más en la historia judicial española, porque nunca jamás habían sido juzgadas 95 personas al mismo tiempo en un caso de corrupción urbanística y política, y porque es con mucho el plenario que más ha durado en el país: dos años. Han declarado más de 400 testigos y peritos en 199 sesiones; además, se investigaba el blanqueo de 670 millones de euros, y cómo Roca pudo amasar, en apenas 15 años, una fortuna que Anticorrupción valora en 200 millones de euros, pese a que él siempre ha indicado que es el resultado de su acierto en las inversiones inmobiliarias.
Malaya consiste, básicamente, en una veintena de promotores que entregaron presuntamente más de 30 millones de euros a Roca a cambio de recalificaciones y aumentos de edificabilidad en terrenos de Marbella. Una sexta parte de ese dinero fue empleada supuestamente en untar a los concejales que aprobaban los convenios y los cambios en la normativa urbanística, y el resto lo invirtió el exasesor en su patrimonio, ocultado bajo una red societaria a cuyo frente había brillantes testaferros como Óscar Benavente, Corulla o los miembros del despacho Sánchez Zubizarreta.
El juicio de este caso gana con todas las comparaciones: ha durado más que el del 11 M -que se alargó cinco meses-, y también tuvo más envergadura que el relativo al golpe de Estado del 23-F.
De los 95 acusados, a nueve se les retiró la acusación, por lo que están absueltos; dos, el marchante de arte francés Jean Fournet y el tasador José Mora Igeño, han fallecido esperando la sentencia, y otros dos ya conocen sus penas, pues los empresarios Carmelo Armenta e Ismael Pérez Peña llegaron a acuerdos con la Fiscalía. Son 84 los que se juegan su futuro y su patrimonio. El fiscal, Juan Carlos López Caballero, pidió una sentencia «ejemplarizante» en su alegato final. «No podemos permitir estos comportamientos. Por primera vez en nuestro devenir democrático se disolvió un ayuntamiento por el enfrentamiento reiterado con el imperio de la ley», dijo, y agregó: «La operación Malaya no es un punto y final en la corrupción en esta provincia, sino un punto y seguido, desgraciadamente; 15 años de corrupción dan para mucho». De hecho, ahí están los casos Saqueo 1 y 2 -el último a espera de sentencia-; Minutas, Camisetas, Estatua Rusa, o los casi treinta procedimientos por convenios urbanísticos irregulares, la herencia del alcalde Jesús Gil a Marbella.
