Los más de 87.000 empleados públicos que trabajan la provincia de Málaga en las distintas administraciones han perdido desde que comenzó la crisis un 12,5% de retribuciones y entre un 20% y un 35% de su poder adquisitivo con los sucesivos recortes y congelaciones salariales aplicados primero por el Gobierno de Zapatero y ahora por el de Mariano Rajoy, según estimaciones de los sindicatos. Las centrales reprochan al actual Ejecutivo el anuncio de una nueva congelación para 2014 «precisamente cuando nos están vendiendo que la economía puede mejorar» pero tampoco ahorran críticas para la Junta de Andalucía, que ha aplicado en este tiempo recortes añadidos y que esta semana no descartaba volver a reducir las pagas extras a los funcionarios de la administración autonómica para el próximo año, ya rebajadas en 2012 y 2013.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en Málaga, Joaquín Pérez, lamenta que el Gobierno se está «cebando» con los empleados públicos -tanto funcionarios como personal laboral- y apunta que, a su juicio, se ha demostrado que los recortes a este colectivo «no son la solución a la crisis» y que perjudican el conjunto de la economía porque paralizan el consumo. «Sabemos que los empleados públicos también tenemos que hacer sacrificos pero es que ya los hemos hecho estos años con las sucesivas reducciones de sueldos y pagas extra. No podemos ser los primeros en pagar la crisis y los últimos en sentir la recuperación», apuntó. Pérez recuerda que durante la recesión se han destruido en Málaga un total de 3.400 empleos públicos, la mayoría en sectores tan sensibles como la sanidad y la educación, y augura que de seguir está tónica «caminamos hacia un colapso de la administración».
«Los recortes terminan redundando en un mal servicio público y creo que el ciudadano que paga sus impuestos merece que éstos sean de calidad», sostiene.
Por su parte, la responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT Málaga, Beatriz Fernández, afirma que los empleados públicos están «cansados» de que se les utilice como «chivo expiatorio» de la crisis.
«Lo que el Gobierno ahorra con los recortes y congelaciones es una nimiedad comparado con lo que se está gastando en sostener a los bancos. Todos los esfuerzos van a las mismas espaldas», apunta Fernández, que explica que hay muchos trabajadores (sobre todo personal laboral) ganando menos de 1.000 euros al mes en sectores como el sanitario. «Nos duele la visión que tienen algunos del empleado público. No vivimos mejor que nadie. Es verdad que hay estabilidad laboral en el caso de los funcionarios pero el personal laboral vive en precario, igual que en el sector privado», señala.
La responsable de Servicios Públicos de CCOO en Málaga, Carolina Ortiz, afirma que la sensación de maltrato es «clara» y cree que el Gobierno actúa así porque busca privatizar servicios públicos. También dice que se traslada una imagen «distorsionada» del empleado público y arguye que el deterioro de servicios como la sanidad, la educación y la justicia termina pasando factura «a todos».
Críticas a la Junta
Los sindicatos son también muy críticos con el anuncio realizado esta semana por la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, que sólo se compromete a no recortar más los sueldos de sus empleados públicos pero no garantiza que se recupere el 100% de sus pagas extras, ya recortadas en 2012 y 2013. Sus palabras han tensado además la relación con sus socios de IU, que consideran, en palabras del parlamentario por Málaga José Antonio Castro, que la Junta tiene mucha «grasa» estructural y administrativa que eliminar antes que seguir recortando el salario de sus trabajadores.
Pérez, del CSIF, se muestra de acuerdo con la valoración de IU y explica que la Junta de Andalucía cuenta con una «administración paralela» de altos cargos y asesores de más de 30.000 personas. «Pero antes de sacrificarla prefiere seguir recortando a sus empleados públicos. Hay muchas empresas públicas que son innecesarias», comenta el responsable del CSIF.
Beatriz Fernández, de UGT, asegura que en la Junta no sobran trabajadores ni hay que recortar sueldos. «Lo que sobran son cargos. Ahí es donde hay que meter la tijera porque muchas veces se aprovechan las empresas públicas para colocar a su gente», afirma la responsable sindical, que vaticina un «otoño caliente» de protestas.
Ortiz, de CCOO, afirma que el descontento con la Junta es similar al que tienen con el Gobierno. «Si la Junta decide volver a recortar pagas convocaremos movilizaciones», asegura. Los sindicatos creen que los recortes al sector público terminarán pasando «factura en las urnas» a quienes los practican.
«Es algo doloroso», admite el Gobierno
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró el pasado viernes que la congelación salarial de los funcionarios públicos ha sido una medida «difícil y dolorosa pero imprescindible» para conseguir los objetivos de consolidación fiscal. Beteta afirmó que la decisión fue largamente debatida porque el Ejecutivo es «consciente» del esfuerzo de los empleados públicos. «Somos conscientes de que tras cada nómina pública se esconde una familia» que «se financia con ese trabajo» y tiene que hacer «esfuerzos para llegar a fin de mes», comentó Beteta, que sí reiteró el compromiso de garantizar a los funcionarios que percibirán sus dos pagas extras.
