El juicio sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Isofotón, por el que fueron despedidos 352 trabajadores el pasado mes de junio, quedó ayer visto para sentencia tras una vista celebrada en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que duró más de cinco horas, según explicó el delegado del sindicato CSIF en la empresa, Miguel Ruiz, que apuntó a que el fallo que determinará si el expediente es legal o no podría conocerse en un plazo de entre 15 y 20 días.

Ruiz destacó que la fiscal personada en la causa ha apuntado «posibles indicios de vulneración de derechos fundamentales» en el ERE durante la lectura de sus conclusiones, aunque la representante del Ministerio Público también dijo que «esperará a la verificación de las pruebas aportadas». Esta posible vulneración alude, según comentó el delegado sindical, a los criterios de afectación del ERE, «que incluyó entre los despedidos a mujeres con reducción de jornada por cuidado de hijos, algunas embarazadas, y a una notable mayoría de afiliados a CSIF Málaga».

Esta central, que impugnó los despidos junto al sindicato TI y al comité de empresa, reclama que se anule el expediente «por defectos de forma y fondo».

El representante laboral consideró que en la causa, en la que testificaron dos trabajadores, también ha quedado demostrado que Isofotón participó de la puesta en marcha de la fábrica en Ohio (EEUU) «mediante la transferencia de tecnología y personal de la fábrica malagueña».

Durante el juicio, el abogado que representa al comité de empresa apuntó que mientras que Isofotón presentaba pérdidas, otras empresas con vinculación en el grupo empresarial, no lo hacían. En este sentido, el abogado señaló que hay relaciones entre empresas «no creíbles si no hubiera los mismos dueños» y advirtió de «una confusión patrimonial y trasvases entre unas y otras que no tienen una justificación». Partiendo de este entramado, el letrado ve «mala fe» por parte de la empresa.

Por parte de Isofotón, su representante legal justificó el ERE apelando a las circustancias económicas con una situación que desde 2010 se fue «deteriorando aún más», hasta llegar a pérdidas en 2011-2012 de 38 millones de euros en resultado real final y de 47 en resultado operativo. El abogado dijo que en 2010 la sociedad entró en «quiebra técnica», con un bajada de ventas tanto en volumen como en precio. Al juicio acudieron Ángel Luis y Diego Serrano, propietarios de Isofotón.

En caso de anularse finalmente el ERE, los despidos pasarían a ser declarados como improcedentes y los despedidos verían aumentadas las indemnizaciones que les adeuda Isofotón, actualmente declarada en concurso de acreedores. Además, según añadió Ruiz, si el ERE es declarado nulo los débitos adquirirían carácter prioritario dentro del proceso concursal al ser considerados ya deuda contra la masa, por lo que mejorarían las perspectivas y los plazos de un futuro cobro.

Respecto a los trabajadores que continúan en la empresa -unos 300 tras la aplicación de otro ERE en la sede administrativa de Madrid-, el delegado del CSIF señaló que la situación es «insostenible». La empresa debe la paga de julio a 150 trabajadores y la extra de verano, la de agosto y la de septiembre a toda la plantilla. La fábrica ha vuelto a la actividad, aunque sin materia prima suficiente.

«La plantilla se ha incorporado a una planta parada. Hemos reclamado sin éxito a la empresa que conceda un permiso retribuido a este personal, que acude a su puesto cada día sin trabajo que hacer y generando gastos de desplazamiento», aseguró.