Prisión preventiva por riesgo de fuga. De nada le ha servido al exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) Francisco Javier Lendínez entrar por su propio pie en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde le llevaban esperando desde que se diera a la fuga en diciembre de 2008 para evitar una pena de nueve meses por diversos delitos urbanísticos tras llegar a un pacto con la Fiscalía de Medio Ambiente. Tras su detención el pasado jueves en el aeropuerto de Barajas cuando llegaba de Tailandia como informó en exclusiva La Opinión de Málaga, Lendínez compareció ayer junto a su abogado ante el juez Sergio Ruiz durante casi cinco horas, pero pasadas las tres de la tarde salió esposado y rumbo directo a la prisión de Alhaurín de la Torre en un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado ha reabierto para el exedil el caso Malaya, cuya sentencia se hizo pública el pasado viernes y en el que el fugitivo estaba imputado en el momento de desaparecer por un presunto delito de cohecho. El entonces instructor del ya histórico procedimiento, Oscar Pérez, lo acusó de una supuesta percepción de 18.000 euros pagados por Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y principal condenado de la trama con once años de prisión y 240 millones de euros de multa. El propio Roca admitió en el juicio el pago para que «en una eventual ruptura con el PA, apoyara la mayoría» del Gobierno tripartito.

Sin embargo, éstos no son los únicos problemas del exconcejal de GIL. Fuentes judiciales aseguraron que Lendínez tiene varias causas pendientes con la justicia. Aunque éstas no fueron precisadas, las hemerotecas recuerdan a Lendínez como imputado en Minutas sobre las irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella al letrado José María del Nido, y en Saqueo 2, procedimiento en el que está acusado de un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos por el que el fiscal pedía siete años de prisión.

La fuga de Francisco Javier Lendínez comenzó a conocerse después de que se volviera una persona muy reservada e inaccesible pese a la intensa vida social que tuvo hasta entonces. En diciembre de 2008, su entorno más cercano filtró la noticia. El 19 de ese mes, el mismo juzgado al que acudió ayer decretó una orden de detención y presentación tras comprobar que no había acudido a firmar y que se encontraba en paradero desconocido. Otros cuatro juzgados de Marbella, donde tenía diversas causas urbanísticas, también requirieron al edil para que se presentara en sus oficinas. Su último rastro lo dejó en Tarifa (Cádiz), donde vivía su pareja de entonces y donde se rumoreaba que se fue a Marruecos o Sudamérica. Su periplo fue una incógnita hasta que este diario publicó una fotografía del fugitivo en la que aparecía junto a un amigo en un restaurante de la ciudad indonesia de Borobudur (Isla de Java), una zona muy turística. Aunque el artículo fue publicado en abril de 2012, la imagen no tenía fecha.

Casi un lustro después, el exedil ha reaparecido, aunque el motivo por el que regresó a España justo un día antes de que la sentencia del caso Malaya se hiciera pública sigue siendo una incógnita. Todos los intentos de este periódico por contactar telefónicamente con su abogado resultaron ayer inútiles.

En todo caso, este diario sí pudo acceder al auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se recoge que la Dirección General de la Policía, concretamente el destacamento del puesto fronterizo de Madrid-Barajas, informa de la detención del prófugo minutos después de bajarse de un vuelo de Bangkok a la sección que ha enjuiciado el caso Saqueo 2, ahora a espera de sentencia. En dicho documento, los magistrados aseguran que, tras haberse puesto a disposición del tribunal, dejan sin efecto su detención, reformando el auto de enero de 2013 que la decretó. Esto llevó a Lendínez a quedar en libertad «con la obligación de designar su domicilio en España» y dejando sin efecto las órdenes de busca y captura que la Audiencia Nacional había lanzado contra él.