El PSOE pedirá a la Fiscalía Anticorrupción y al Ayuntamiento de Marbella, como acusación particular, que recurran la sentencia del caso Malaya, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con las multas y, por tanto, con el resarcimiento económico a las arcas municipales. Esta petición llegó el mismo día en que se dio a conocer que el tribunal ha ampliado a 30 días el plazo para interponer el anuncio del recurso de casación ante el Tribunal, un periodo que normalmente es de cinco días.

El secretario general del PSOE de Marbella, José Bernal, señaló que estas condenas «han de ser revisadas para ajustarse a la demanda de la ciudadanía y a lo grotesco de los hechos que se condenan». «Durante años se arrasó el patrimonio de Marbella aprovechándose de la institución que ha de salvaguardar los intereses de los ciudadanos y aniquilando el Estado de derecho», añadió Bernal.

El socialista dijo que comparte el «disgusto de la ciudadanía y de la sociedad», ya que la sentencia «ha generado un mal sabor de boca entre todos aquellos que hemos sufrido el desfalco de este municipio durante años». A su juicio, el fallo es justo en cuanto al procedimiento legislativo, pero no respecto a lo ocurrido en Marbella durante más de 15 años. El líder del PSOE marbellí opinó que el PP y la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, «quieren pasar página rápidamente porque quieren que olvidemos estos hechos, como si esta condena significara que se ha saldado el saqueo de Marbella, pero no es así». José Bernal manifestó que corresponde al Gobierno central poner en funcionamiento el proceso de restitución del «patrimonio esquilmado», motivo por el que el PSOE demanda la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique el procedimiento de restitución de los bienes intervenidos. De la misma manera, reclamó que revierta a Marbella la totalidad de las condenas económicas, que cuantificó en 453 millones de euros, y advirtió de que el PSOE no permitirá que «el poco dinero» que llegue se destine a pagar la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, que está negociada a 3 millones de euros por año y «así debe seguir», apostilló antes de proponer que el dinero se destine a empleo para personas en paro y a realizar infraestructuras.

Durante el acto de lectura del fallo, el presidente del tribunal, José Godino, expresó su deseo de que parte del dinero y bienes decomisados durante el proceso reviertan en Marbella para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, preguntado por las críticas a la sentencia del caso Malaya, aseguró que ésta indica que «se han pronunciado los tribunales como han considerado» y que descartaba hacer «comentarios» o «manifestaciones» sobre este fallo judicial. «Hay que dar normalidad a lo que es normal», apostilló. «Respecto a la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga en el caso denominado Malaya yo no puedo comentar ni hacer ningún tipo de manifestación, se han pronunciado los tribunales de justicia como han considerado», dijo.

El responsable del CGPJ destacó que se trata de un fallo «de casi 5.000 folios» y, por tanto, «de una sentencia muy detallada y muy estudiada», e indicó para «quien no esté conforme» que está «la vía del recurso, como en cualquier otro supuesto». «Los tribunales de justicia valoran la prueba en virtud de lo que ha ocurrido en el acto de juicio oral y dictan una sentencia. Eso es lo ordinario y lo normal y lo ordinario y lo normal es que quien no esté de acuerdo, que recurra. Eso es lo que ocurre en todos los supuestos», argumentó.