El tribunal de Malaya condena al núcleo duro de Roca y absuelve a 43 acusados

Es decir, la Audiencia Provincial ha condenado a los acusados a una quinta parte de las penas inicialmente solicitadas y castiga a los sentenciados al abono de casi una cuarta parte de las sanciones económicas propuestas por el fiscal.

Lo cierto es que el exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido sentenciado a once años de prisión, frente a los 30 que le pedían, y a pagar 240 millones de euros en multas, pese a que se le exigían más de 800. Ha sido castigado por cohecho, blanqueo, fraude y prevaricación. La que fuera alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha sido condenada a seis años frente a los 16 que se le pedían, amén de que tendrá que pagar 2,3 millones de euros de multas.

La ex teniente de alcalde y exazote de Jesús Gil, Isabel García Marcos, sale bien parada con sólo cuatro años de prisión frente a los doce que se le exigían, mientras que Julián Muñoz, exregidor marbellí, sólo es castigado a dos años de la década propuesta.

Montserrat Corulla, la mujer que cerraba los negocios de Roca en Madrid, escapó muy mal: cuatro años por blanqueo y una multa de 30 millones de euros. Casi una veintena de concejales han sido sentenciados, bien es verdad que a penas bajas y a fuertes multas. Por ejemplo, Tomás Reñones, alcalde por unos días en las postrimerías del gilismo, es condenado a cuatro años y a pagar 320.000 euros.

Los empresarios que pagaron dádivas han salido mejor parados. Son condenados tres de los cuatro directivos de Aifos, el expresidente del Sevilla Fútbol Club, José María González de Caldas, o el constructor cordobés Rafael Gómez Sandokan, quien ayer sonreía porque sólo se llevó a casa una multa de 150.000 euros por soborno.

En cuanto a los testaferros del jefe, muchos se fueron de rositas precisamente porque, como dice la Sala, probar el blanqueo sigue siendo muy complicado. Tal vez lavaron dinero del Jefe, pero no lo supieron a ciencia cierta. Fueron condenados sólo los cinco más cercanos al exasesor.

La Ciudad de la Justicia amaneció tomada ayer por la Policía Nacional, que habilitó un pasillo para que accedieran los procesados al edificio. Más de 300 periodistas de medios escritos, radiofónicos y televisivos hacían guardia desde primeras horas del viernes para trasladar a sus respectivas audiencias todos los detalles del mayor caso de corrupción jamás enjuiciado en el país. Algunos de los imputados reflejaban en sus caras la tensión del momento. Yagüe sonreía, lo que contrastaba con su cara tras abandonar la ya mítica sala cuatro de la Ciudad de la Justicia sabedora de que fue condenada a seis años de privación de libertad. Sandokan saludaba con gracia, como es habitual en él, a quien quisiera escucharlo, y García Marcos optó ayer por la discreción, oponiéndose a su natural predisposición a hablar ante los medios.

Ayer fue la sesión número 200 de un juicio que arrancó el 27 de septiembre de 2010 y que concluyó el último día de julio de 2012. Ha durado más que el del 11-M o el del golpe militar del 23-F.

La sentencia rozó los 6.000 folios y un índice hizo las delicias de abogados y periodistas. El ponente, José Godino, leyó él mismo el fallo durante 40 minutos. Muchos saludaron con ironía sus palabras, y algunos, como Yagüe, con lágrimas.

Roca, Muñoz y el constructor Ávila Rojas llegaron desde las cárceles de Alhaurín de la Torre y Albolote (Granada). Las caras de los dos primeros reflejaron la gravedad del momento. Los otrora enemigos irreconciliables charlaron animadamente ante un destino incierto , ante el abismo de perder la poca libertad que les queda y sus patrimonios.

En la sentencia, Godino y sus compañeros de Tribunal, Manuel Caballero Bonald y Rafael Linares, reflejan que en Marbella «existía de forma generalizada una práctica habitual de la gestión urbanística caracterizada por una situación evidente de corrupción política y económica». De esta forma, se favorecía a promotores, constructores e inversores, quienes, a cambio de sobornos, «vulneraban la actividad urbanística en perjuicio del interés general».

Roca era la clave de bóveda de todo el entramado: la veintena de constructores apresados en este caso pagaba los sobornos, que él repartía en sobres entre los ediles, usando parte de la suma para engrasar su enorme patrimonio escondido tras sociedades pantalla y gobernado por hombres y mujeres de paja.

El exasesor de Urbanismo, consta en la sentencia, ejercía como «alcalde de hecho» de Marbella. Allí llegó en 1991 con un patrimonio muy inferior al que se le incautó el 29 de marzo de 2006, cuando el juez Miguel Ángel Torres desató la madre de todos los casos de corrupción.

La Sala llega a «la firme convicción» de que un sistema de corrupción generalizada se apoderó del Ayuntamiento, por lo que no puede prevalecer, ahora, «la mera negación de los hechos».

El tribunal señala la «dejación de funciones» de los concejales, «aquietándose a los tejemanejes de Roca» y los empresarios Carlos Sánchez o Liétor, anteponiendo los intereses privados y los sobornos «a las obligaciones derivadas de su cargo».

José Godino, presidente también de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha tardado 14 meses en elaborar un fallo en el que se decreta el comiso de más del 63% del inmenso patrimonio de Roca, valorado en más de 100 millones de euros en 2006. Entre otras cosas, el Estado se queda 34 coches del Jefe, como llamaban al murciano los ediles, un avión, un palacio en Madrid, la ganadería, numerosas fincas y parcelas, un helipuerto, caballos, cuadros y bienes suntuarios. El resto se le deja al exasesor para que haga frente a las responsabilidades civiles derivadas de Malaya o de otros casos, es decir, que va a perder casi todo lo incautado por la policía, si no en Malaya sí en los numeros procesos judiciales que le quedan por delante.

A Yagüe, la Audiencia le decomisa varios coches y un piso en Madrid que usaba su hijo para estudiar, y a Isabel García Marcos los 376.000 euros en metálico que se hallaron en sobres nominados en su casa de Málaga capital.

La Sala, de cualquier forma, considera probado que se hacían reuniones previas a las comisiones de gobierno entre el exasesor y los cabezas de lista del tripartito -Yagüe por los restos del Gil, García Marcos por los ex del PSOE y Carlos Fernández, ahora prófugo y a la espera de que le prescriba todo, por el PA-, donde se entregaban los sobres con dinero y se decidía el sentido del voto sobre las licencias de obra o los convenios.

Los concejales, han explicado algunos de ellos en el larguísimo juicio, «ni leían, ni entendían ni atendían». Roca señaló que pagaba a los concejales buscando mantener el difícil equilibrio del gobierno hasta las municipales de 2007, circunstancia que desecha el tribunal y tacha de «vano intento auto exculpatorio». Se pagaba para que votaran las licencias. «Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente», dice.

El órgano juzgador, por cierto, pretende que ese dinero vaya a Marbella, algo prohibido por la Ley de Comisos del Estado, que establece claramente que las multas provenientes del blanqueo irán a las arcas gubernamentales. Sólo el dinero de la malversación podrá recabar en la ciudad marbellí, apenas 1,3 millones de euros, lo que ayer valoró la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), y que sería como la leche y miel en el pasaje bíblico, ya que la urbe arrastra una deuda global de 500 millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social.

En un valiente pronunciamiento, el Tribunal, pese a que la ley lo impide, decreta que las multas y los bienes reviertan en la ciudad «para abonar esas deudas con las entidades públicas reseñadas, salvo mejor criterio de la superioridad».

Por cierto, la Sección Primera llega a tal punto en sus reflexiones que reconoce que el juez Torres, instructor que llevó al límite de lo constitucional la investigación, se extralimitó en relación con determinadas detenciones, de tal forma que incluso se aprecian atenuantes para algunos encausados. Algunas fueron «excesivamente mediáticas». Un reportero llegó a decirle a un imputado. «Sabes que te van a detener esta mañana».

Para condenar, el Tribunal se basa en los célebres apuntes de Maras Asesores que llevaba el contable de Roca. «Las dádivas han sido tan clandestinas que no habríamos llegado a tener conocimiento de ellos si no se hubiesen logrado intervenir oportunamente por parte de la policía los documentos y los archivos informáticos Maras y similares», aclara el ponente. Por primera vez, un Ayuntamiento fue disuelto por el Gobierno.

Esos apuntes contables -Salvador Gardoqui se pasó la noche que lo detuvieron con un maletín llorando en el calabozo, sabía que el telón había caído-. Éste reconoció ante el juez Torres que las aportaciones de empresarios se destinaban al pago de concejales, como confesó el propio Roca en noviembre de 2011, para sorpresa de todos, incluido el tribunal. Los apuntes «son ciertos y reales en su inmensa mayoría». Varios acusados admitieron haber sobornado a Roca, en concreto 12 de ellos.

Asimismo, también se basa el Tribunal en las intervenciones telefónicas. Por cierto, la Audiencia ha rechazado casi todas las nulidades pedidas por las defensas, y considera que ese «urbanismo a la carta» alteró el territorio marbellí, pese a que el último PGOU, dice, legaliza buena parte de los desmanes.

En cuanto a por qué no se relacionan los sobornos y la concesión de licencias, asegura la Sala que Roca no remuneraba por actos administrativos concretos, sino que los ediles estaban «en nómina» y que éstos se pusieron en sus manos ignorando la ley.

Asimismo, el Tribunal dibuja la organización «profesional» de Roca, que permanece en la oscuridad como jefe, tras innumerables mercantiles, pero reduce la cifra de miembros número y condena duramente sólo a cinco de sus testaferros, entre ellos Montserrat Corulla, Gardoqui o Manuel Sánchez.

José GodinoPresidente del Tribunal

Ponente de la sentencia

José Godino Izquierdo, presidente del Tribunal de Malaya, ha tardado catorce meses en elaborar una sentecia que le ha obligado a trabajar catorce horas diarias. No sólo la redacción del fallo ha requerido lo mejor de este magistrado, sino que su capacidad organizativa le hizo sobreponerse a todas las opiniones que auguraban un fracaso en el desarrollo de las sesiones. Sin su mano izquierda, el plenario habría zozobrado.

Principales condenas y resoluciones

Juan A. Roca. Exasesor de Urbanismo'El Jefe'

Condenado a once años de prisión

Para Roca el fiscal pedía 30 años de cárcel y 810 millones de multa. Sin embargo, ha sido condenado a 11 años y 240,3 millones de euros por un delito de cohecho, uno de blanqueo continuado, dos ilícitos de fraude y prevaricación.

Julián Muñoz. Exalcalde de MarbellaAl exregidor sale muy bien parado

Julián Muñoz ha sido sin duda uno de los más beneficiados en este caso. El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, pedía una década de cárcel para él. Finalmente, ha sido sentenciado a sólo dos años por fraude.

Marisol Yagüe. Exalcaldesa de MarbellaRebaja de una década

A la exalcaldesa, Marisol Yagüe, Le pedían 16 años de cárcel, pero finalmente ha sido condenada a seis años de cárcel por cohecho, malversación, alteración de precios y fraude. Además, es sentenciada a pagar 2,3 millones de euros de multa.

Isabel G. Marcos. Ex teniente de alcaldeLe pedían 12 años de cárcel

Isabel García Marcos también ha sufrido una cuantiosa rebaja en las penas que les solicitaban. En concreto, el fiscal pedía doce años de prisión para ella. Finalmente, ha sido sentenciada a cuatro años por cohecho y alteración de precio de concursos.

M. Corulla. Testaferro de RocaCuatro años de prisión

Montserrat Corulla, abogada, emergió como una negociadora nata en la difícil tarea de convertir antiguos palacetes madrileños en hoteles de lujo. Finalmente, no tuvo suerte. Condenada a cuatro años y a pagar una multa de 30 millones de euros por blanqueo.