El tribunal del caso Malaya, encabezado por el juez Godino, dejó ayer muy claro en la sentencia su deseo de hacerse «eco» de lo que considera un acto elemental de justicia: que los bienes esquilmados durante el periodo de desgobierno municipal regresen automáticamente al municipio de Marbella. La opinión de la sala, que para hacerse efectiva debe ser refrendada por las instancias judiciales superiores, contradice la ley de decomiso, que dispone otro sistema de reparto, lo que según el fallo no es óbice para cumplir con una reivindicación social que ya ha estado en boca de partidos políticos y asociaciones.

La sentencia, leída en la sesión de ayer, considera que la ciudad debe ser resarcida «en la medida de lo posible» por el ambiente «generalizado de corrupción» en el que se ha visto envuelta y que le ha provocado «evidentes perjuicios morales y económicos». «No es justo que, como consecuencia de los actos y conductas enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social mientras el dinero y los bienes decomisados revierten en localidades distintas», señala.

El juez Godino insistió en su argumentario en una petición pocas veces vista en la jurisprudencia andaluza. El tribunal quiere que los bienes decomisados y el importe de las multas -que asciende a alrededor de 700 millones de euros- sirva precisamente para subsanar la deuda contraída con Hacienda y la Seguridad Social durante los años de corrupción política. Según la actual ley de decomiso, la única cantidad que correspondería a Marbella sería la de los 1,3 millones procedentes de malversación de caudales públicas. La diferencia es de vital importancia para la economía del municipio.

De hecho, la interpretación de Godino conforta especialmente al Ayuntamiento de Marbella. En concreto, la alcaldesa, Ángeles Muñoz mostró su satisfacción por un aspecto de la sentencia, que, señaló, apuesta claramente por la ciudad. «Lo que nos preocupaba es que parte de lo que se pudiera obtener tuviese que revertir a otra administración y que eso supusiera un perjuicio para lo que son los intereses de la ciudad», indicó.

A pesar de que todavía existe la posibilidad de interponer un recurso por parte de los servicios municipales del Consistorio, Muñoz aclaró que siempre ha pedido que la justicia se empleara en los mecanismos oportunos para que todo lo que se obtuviera sirviera para compensar a la ciudad de una época que, dijo, pesa «como una losa».

La alcaldesa, que renunció a evaluar las penas impuestas a los encausados, se congratuló del final de un proceso que en su opinión «cierra página» en la historia de la ciudad, aunque, eso sí, precisó, con procedimientos anejos todavía pendientes.

Muñoz asevera que Marbella en los últimos años -el inicio del caso Malaya se remonta a 2006- ha logrado recomponer su imagen y ligar su nombre al turismo «de excelencia y calidad».

La deuda originada en estos años, aparte de la pérdida patrimonial de la ciudad y en otros ámbitos, ronda los 600 millones de euros. No obstante, el Ayuntamiento tiene actualmente una deuda viva de 480 millones. La regidora adelantó que ya se ha abonado una parte importante del débito y que se ha renegociado otra parte, pero entiende que no deja de ser una deuda «descomunal» teniendo en cuenta que el presupuesto de Marbella se sitúa en torno a los 200 millones.

Una interpretación mucho más crítica con el contenido de la sentencia fue la de Diego Martín Reyes, el expresidente de la gestora que tomó el mando del Ayuntamiento en 2006 tras decretarse la disolución de la corporación como consecuencia del estallido de la corruptela. Lejos de mostrarse condescendiente, Martín Reyes lamentó «la levedad» de las penas que fija el tribunal.

En su opinión, Marbella no podrá verse resarcida con esta resolución, ya que el «absoluto expolio» del Ayuntamiento en los años en los que gobernó el Grupo Independiente Liberal (GIL) «hacían presumir una comisión de delitos más graves» y que hubiera una pena mayor.

A este respecto, insistió en que el tribunal habrá valorado las pruebas practicadas y probablemente, por la «dificultad de vincular los pagos ilícitos a actos administrativos concretos», quizá haya optado por unos «tipos delictivos de mayor levedad», aunque remarcó que aún no ha leído la sentencia, de más de 5.000 folios. No obstante, al igual que la regidora, consideró una «recomendación muy bien intencionada» la mención que hizo ayer el juez para que los bienes decomisados reviertan en Marbella.

Preguntado por la existencia de un sentir generalizado de decepción al esperarse una sentencia ejemplarizante, declaró que éstas no tienen que ser ejemplarizantes sino «justas», pero pueden tener un «efecto reflejo de ejemplo». En este sentido, sin embargo, volvió a mostrarse crítico al declarar que el mensaje que manda el fallo no tiene por qué ser necesariamente positivo. «A lo mejor, el ejemplo que se está dando es que sale muy barato delinquir», puntualizó.

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