La juez también ordenó ayer registrar el domicilio de dos empresarios de la Sierra Sur sevillana que percibieron «de forma arbitraria» 32 millones de euros, el 39% de las ayudas concedidas a empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo. En el auto que autoriza los registros de diez domicilios, Mercedes Alaya dice que los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, a los que denomina «tándem», constituyeron una serie de empresas «sin actividad comercial ni trabajadores, creadas con el único objetivo de obtener fondos públicos de forma masiva». En el periodo investigado consiguieron 32 millones, aproximadamente el 61% de todas las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla y el 39% de las que se otorgaron a empresas andaluzas. Las subvenciones eran para la creación de empleo pero los empresarios -que figuran entre los 123 imputados- las destinaron a capitalizar sus empresas para luego venderlas a mayor precio o para invertir en proyectos relacionados con la prensa escrita.
Por otra patrte, La Junta no quiso ayer opinar ni emitir ninguna valoración sobre las resoluciones judiciales, como es «la tónica habitual», según dijo el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras ser preguntado sobre las detenciones que se produjeron en el marco de la segunda fase de la operación Heracles. Vázquez señaló que el Gobierno andaluz respeta el trabajo de la Justicia y espera que la instrucción de este caso culmine «cuanto antes» y no analizó las nuevas detenciones.
