Coincidiendo con la entrada en vigor ayer de la ley de función social de la vivienda, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha reactivado los dieciocho expedientes de expropiación del uso de viviendas embargadas por entidades financieras para evitar desahucios, de los que seis conciernen a viviendas de la provincia de Málaga.

En un comunicado, la Consejería informó de que se ha instado a las delegaciones territoriales, donde se tramitan estos expedientes, a remitir al Boletín Oficial de la Junta todos los expedientes abiertos durante el periodo de menos de tres meses en que estuvo vigente el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda.

Esta norma tuvo vigencia entre el 12 de abril y el 9 de julio, día en que el Gobierno central lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, lo que provocó su suspensión cautelar, según el comunicado, que precisa que la Ley aprobada por el Parlamento sustituye al Decreto.

Las delegaciones territoriales de Málaga (6 expedientes), Sevilla (4), Almería (3), Granada (2), Huelva (2) y Cádiz (1) deben ahora remitir al BOJA sus expedientes, lo que supone el reinicio del proceso de expropiación temporal del uso de las viviendas para evitar el desahucio de sus moradores.

A partir de la publicación en el BOJA, las entidades financieras concernidas tendrán quince días para presentar alegaciones. Asimismo, en paralelo y desde ayer las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda retomarán la tramitación de las solicitudes de expropiación temporal del uso realizadas con anterioridad al recurso, al tiempo que comienzan a gestionar las nuevas peticiones.

A la expropiación temporal del uso de sus viviendas embargadas para evitar desahucios pueden acogerse todas las personas que cumplan los requisitos socioeconómicos fijados en la Ley.

La Consejería retoma, además, la elaboración del Reglamento del registro de viviendas deshabitadas, donde incluirá todos los inmuebles vacíos de la comunidad que detecte para su eventual sanción (personas jurídicas) o incentivo (personas físicas) al objeto de que salgan en alquiler asequible. Igualmente, el plan de inspección de viviendas vacías, aprobado en mayo, continúa su despliegue.

Según la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, esta ley pretende abaratar el acceso a la vivienda mediante la salida en alquiler de las casas vacías, más de 700.000 Andalucía, al tiempo que evita que personas que ya no tienen alternativa se queden en la calle. «Desahuciar en Andalucía es hoy mucho más difícil que ayer porque las familias vuelven a contar con un instrumento de defensa que ya ha demostrado su utilidad», reiteró en el comunicado.