Las negociaciones en Limasa han entrado en punto muerto. La reunión de ayer de la mesa negociadora no supuso ningún avance, con las dos partes enquistadas en sus posiciones, muy alejadas unas de otras, excepto en los puntos que no suponen afectación económica.

Hay varios puntos del convenio actual que empresa y representantes de los trabajadores han aceptado valorar y discutir: eliminación de los seis días extras de vacaciones, distribuir las vacaciones a lo largo de los doce meses del año o el descanso del fin de semana.

Pero la negociación ha vuelto a interrumpirse debido a la interpretación económica que supone cada uno de ellos.

La empresa, según los representantes de los trabajadores, hace una valoración a la baja de lo que supone aceptar la modificación de estos puntos.

En concreto, según las cuentas de Limasa, eliminar los seis días extras de vacaciones o no descansar los sábados o distribuir las vacaciones en doce meses y no en cuatro como hasta ahora permitiría un ahorro en torno a unos 3 millones de euros, la mitad de lo que es preciso ahorrar el año próximo para ajustarse al coste del servicio. Una valoración que, según el comité, «está hecha claramente a la baja», pues se podría alcanzar «fácilmente» un ahorro de 4 millones.

Hasta ahí llega el escenario común para negociar. A partir del mismo, la empresa considera que «no es suficiente» y que para llegar a los seis millones de ahorro hay que aplicar las otras medidas propuestas como eliminación de la paga de productividad, no subir la antiguedad, reducir el plus complementario un 15% o ir a la semana de 37,5 horas.

Y el comité responde que «hay derechos conseguidos que son intocables, no vamos a admitir más recortes salariales, ya hemos hecho nuestro cupo de sacrificios, como otros». «Lo que nos piden es trabajar más por menos».

A partir de este callejón sin salida ambas partes dejan pasar el tiempo y esperan que el socio minoritario, es decir el Ayuntamiento, mueva ficha y realice algún gesto que permita desbloquear la discusión.

Mientras tanto, ambas partes llevan otras batallas particulares en paralelo. El comité ha presentado una batería de denuncias ante la Inspección de Trabajo relativas a incumplimientos en materia de prevención o de evaluación de riesgos laborales. También han pedido a través de la Inspección el número de personal contratado que hay en el Centro Ambiental de Los Ruices (CAM) y cuántas son las modalidades de contratos.

La empresa, por su parte, amaga con nuevos despidos disciplinarios y con sanciones que mantengan la tensión en una plantilla que sobrepasa el millar de personas.