El presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, negó ayer, a preguntas de la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, cualquier responsabilidad sobre las supuestas irregularidades cometidas en las obras del puerto, en concreto del muelle 9, el de contenedores, y en el atraque de cruceros, informó ayer su defensa a preguntas de los periodistas.
Sánchez Domínguez declaró durante un cuarto de hora ante la togada, y acabó su comparecencia al filo del mediodía. Ayer también debía haber comparecido un alto cargo de Dragados, Daniel Paunero, pero éste no lo hizo y justificó la ausencia.
De cualquier forma, Sánchez Domínguez, pese a estar imputado, aún no sabe qué reproche penal concreto le hace la Fiscalía, puesto que, como reconoció su defensa, no se ha determinado un delito.
«Él no sabe nada, él es presidente del consejo de administración y las obras las llevan los técnicos», precisó su letrado mientras abandonaba junto a su cliente la Ciudad de la Justicia. En relación a la otra empresa implicada en esta investigación, recordó el jurista: «Hay otra sociedad y no vemos aquí al presidente del consejo de administración. Sando es una empresa más de las que estaban allí».
El letrado insistió en que los ejecutivos de Sando «ya han dado explicaciones al mismo nivel» que los directivos de la otra empresa, y aseguró que los informes periciales sobre los trabajos están hechos «con información parcial», y, por tanto, «habrá que hacer alguna aclaración», para añadir: «No se ha precisado ningún delito».
En este proceso ya estaban imputadas cinco personas: dos extrabajadores del puerto, dos representantes de la constructora malagueña y uno de Dragados.
Los trabajadores llevan 140 días encerrados para denunciar lo que, según ellos, son prácticas corruptas en el seno del puerto «y el saqueo continuado de las cuentas de la institución». Ello propició un perjuicio en la época, puesto que los grandes buques, de cruceros y de contenedores, no pueden entrar, apuntó el delegado sindical de UGT y representante del comité de empresa, Juan Antonio Triviño, acusaciones que rechaza la autoridad portuaria.
Por otra parte, en relación con este proceso, la jueza fijó a los tres empleados que solicitaron su personación como acusación popular una fianza de 20.000 euros, a presentar en un plazo máximo de 10 días, un aspecto que fue recurrido, según informó el abogado de los trabajadores, José Cosín.
Al no disponer de esta cantidad, que fue recurrida solicitando que sea rebajada, así como que se alargue el plazo para su pago, los trabajadores han abierto una cuenta en la que ciudadanos y organizaciones puedan colaborar.
