La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el procedimiento de expropiación del uso de dos viviendas en la provincia de Málaga, en concreto en Torremolinos y en Vélez Málaga (PDF del BOJA en los enlaces), en aplicación de la Ley 4/2013 de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 25 de septiembre, con lo que, una vez que se culmine el proceso, serían el segundo y tercer caso de expropiación temporal del uso de vivienda.
Ambos casos se han publicado en sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se somete a información pública sendos expedientes, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.
En el caso de la vivienda de Torremolinos, se trata de una vivienda ubicada en la avenida de Los Manantiales, con una superficie de 24,55 metros cuadrados, que había sido embargada por la Unión de Créditos Inmobiliarios SA (UCI). Esta vivienda estaba en un procedimiento de venta extrajudicial hipotecaria instado por dicha entidad.
En cuanto a la vivienda de Vélez Málaga, que estaba en un procedimiento de desahucio instado por Credifimo, en el cual había resultado cesionario del remate un fondo de titulación de activos, TDA 24, posee 101,48 metros cuadrados y se ubica en la calle Antonio de la Cruz.
En ambos casos, según aparece en los dos anuncios publicados en BOJA, se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última de las publicaciones que se efectúen en el BOJA, Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".
Estos dos casos, una vez culminados, se sumarían al aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso un expediente de expropiación del uso de una vivienda ubicada en la calle Alonso de Ercilla en Huelva capital y que se trata de la primera vivienda andaluza con el expediente culminado
El siguiente paso de estos expedientes (una vez culminada la tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno.
Así, la culminación del expediente de expropiación les asegura un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.
Situación actual Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han recordado que existen 19 expedientes iniciados en BOJA, de los que ocho se ubican en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, uno en Huelva y uno en Cádiz.
Las fuentes han indicado que existen 111 expedientes cerrados administrativamente a la espera de su tramitación oficial, toda vez que cumplen los requisitos para la expropiación.
Asimismo, apuntaron que en estos tres meses de vigencia --sumando el anterior decreto y la actual Ley-- 507 personas piden protección en las oficinas en toda Andalucía y son potenciales beneficiarias de esta medida o de otras medidas de protección de la Consejería de Fomento y Vivienda,
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han destacado a Europa Press que la Consejería "va a seguir desplegando la medida con rapidez, diligencia y efectividad social".
Apuntan que las expropiaciones "son una parte importante de esta Ley, la parte paliativa, el colchón para quien cae al vacío", mientras que "la parte transformadora, que altera verdaderamente el modelo, son las medidas para hacer aflorar en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías existente, de más 700.000 viviendas". Asimismo, han indicado que con la norma en vigor "saldrán en alquiler asequible más de 5.000 viviendas al año".
La Consejería de Fomento y Vivienda insta de nuevo al Gobierno central a reunir de manera urgente la Comisión Bilateral "para dialogar sobre la norma". "La consejera Elena Cortés espera día, hora y sitio para estar allí", han aseverado.
