El PSOE e IU manifestaron ayer en Málaga su rechazo a la reforma de la administración local, que ayer inició su trámite parlamentario en el Congreso. Los socialistas realizaron sendas protestas en Málaga, Vélez Málaga y Antequera, insistiendo en que «al menos 8.000 empleados públicos en la provincia podrían perder su trabajo». Mientras, el grupo municipal de IU mantuvo un encuentro con representantes sindicales de empresas y organismos públicos del Ayuntamiento y advirtió de que empresas municipales «con déficit» «corren peligro con la reforma de la administración local».
La portavoz del PSOE, María Gámez, aseguró que la propuesta del Gobierno «abre la puerta a que las empresas privadas presten los servicios públicos, que por obligación deberán ser rentables exclusivamente desde un punto de vista económico, con lo cual prestarán menos y peores servicios públicos», por lo que invitó a defender a los ayuntamientos» para impedir que «empeoren» servicios públicos como el autobús, el agua o la recogida de basura.
En el manifiesto que leyeron los socialistas se proclamó la defensa de los ayuntamientos y las entidades locales de la provincia porque la reforma significa el «desmantelamiento o privatización de servicios básicos que cubren derechos de la ciudadanía constitucionalmente protegidos».
En el caso de Málaga capital, señalan, supondrá la «privatización se servicios públicos y excluirá a los ciudadanos con menores recursos con aumento de impuestos o nuevas tasas».
Por su parte, el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, aseguró que empresas «con déficit» como la EMT, el Palacio de Ferias, el Teatro Cervantes o Mas Cerca peligran con la reforma, que «condena a la privatización servicios esenciales».
