La Fiscalía de Málaga ha solicitado el pago de una multa para siete mujeres a las que acusa de un delito de usurpación por considerar que supuestamente ocuparon con sus hijos un edificio ubicado en la zona de la Goleta de la capital malagueña. En total, se solicita a cada una que abone 720 euros.

En las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, se indica que con el fin de ocupar los inmuebles "ajenos" y residir en ellos, las acusadas "procedieron a abrir y cambiar las cerraduras" de siete viviendas de un edificio, entonces propiedad de una empresa, que "no lo había autorizado".

De hecho, según señala el ministerio público en su calificación inicial, cada una de las procesadas residió en "uno de los inmuebles forzados". Por esto, para la Fiscalía, las acusadas son autoras de un delito de usurpación, solicitando para cada una de ellas una pena de multa.

Así, pide que se le imponga cuatro meses de multa, a seis euros diarios; es decir, unos 720 euros; además de que indemnicen de forma conjunta y solidaria al propietario de la vivienda con 485 euros, cantidad en la que se han tasado los daños supuestamente causados al forzar las viviendas.

Tras presentarse esta acusación, el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, que ha llevado esta causa, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra las siete acusadas, resolución en la que insta a que cada una presten 1.205 euros de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades.

'Las luchadoras'

Esta resolución fue notificada esta pasada semana a cada una de las acusadas que viven en la corrala que denominan 'Las luchadoras'. En total son ocho madres con 11 niños, además de un hombre. Estas mujeres defienden que el bloque estaba vacío "y se metían los drogadictos, que lo tenían destrozado".

'Las luchadoras', que fueron detenidas en abril de este año, un día después de entrar en el edificio, sostienen que han arreglado el edificio y que cuando fue la Policía a detenerlas "estábamos poniendo nuestro cerradura, porque las puertas ya estaban destrozadas antes y las casas abiertas".

Han indicado que quieren "un techo para nuestros niños" y desean llegar a un acuerdo con quien sea propietario del edificio, que según dicen llevaba años abandonado, para poder quedarse, "pagando un alquiler social". Han asegurando que "si tuviéramos trabajo no estaríamos allí".

Su abogado defensor, José Cosín, ha indicado que presentarán su escrito de defensa, en el que "se alegará estado de necesidad". Además, se recurrirá la fianza civil impuesta, según el letrado, quien ha apuntado que la sociedad que aparece como propietaria "no lo es ya, puesto que hizo dación en pago al banco".

En este sentido, ha precisado que se intentará negociar con la entidad bancaria y con las instituciones para evitar que las mujeres y sus familias sean desalojadas, apuntando que "hasta que no haya juicio y sentencia firme" estas mujeres no podrían ser desahuciadas del edificio.